El plan de carreteras de Rajoy se adjudicará vía exprés en dos años
Las concesionarias recibirán un canon mensual de acuerdo al estado de las vías, el impacto ambiental o la siniestralidad
El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) , que prevé una inversión de 5.000 millones de euros, se adjudicará de forma exprés en un plazo máximo de dos años, entre finales de 2017 y principios de 2019. El gasto no computará para el déficit público y no tendrán ningún riesgo financiero para el Estado, según anunció este jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados
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El Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) , que prevé una inversión de 5.000 millones de euros, se adjudicará de forma exprés en un plazo máximo de dos años, entre finales de 2017 y principios de 2019. El gasto no computará para el déficit público y no tendrán ningún riesgo financiero para el Estado, según anunció este jueves el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados
El plan, anunciado a bombo y platillo por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el pasado 14 de julio, se centrará en alrededor de 20 corredores de grandes vías estatales de la red transeuropea (el presupuesto mínimo es de 100 millones de euros y la media de 200 millones), se financiará por el llamado pago por disponibilidad, un modelo de colaboración público-privada por el que las empresas sufragarán las obras y recuperarán su inversión a lo largo de 30 años.
De la Serna dijo que los corredores por un total de 2.000 kilómetros que se incluirán en el plan están en fase final de estudio, pero no aclaró cuando se comunicarán.
El ministro de Fomento indicó que las concesionarias recibirán un canon mensual a lo largo de ese periodo, que dependerá de varios criterios, y no solo del tráfico, como ha sucedido en anteriores concesiones, y que han ocasionado en algunos casos un grave perjuicio para las arcas públicas como en el caso más grave ha sido las nueve autopistas de peaje quebradas.
Entre esos criterios estará el estado del pavimento, la calidad del servicio, el respeto medioambiental, la señalización, el alumbrado, la limpieza, el drenaje y la seguridad vial. De la Serna hizo hincapié en este aspecto, y precisó que el índice de siniestralidad será uno de los baremos importantes a la hora evaluar los proyectos, y estima que los accidentes disminuirán en un 38% en los tramos afectados.
Notas para el estado de las carreteras
Para proceder a los pagos periódicamente se inspeccionarán las carreteras afectadas y se las calificará con varias notas, desde “satisfactorio” a “inaceptable”, de acuerdo a las cuales se graduarán las compensaciones. Con este sistema de pago por disponibilidad, “se trasfiere completamente el riesgo desde el Estado a las compañías” y por eso es el modelo que se utiliza para la construcción del 90% de las grandes vías en la Unión Europea.
El titular de Fomento aseguró que se trata del proyecto que “mas garantías” introducirá para evitar cualquier perjuicio para el Estado, desde el control de los servicios de inspección de Fomento y de Hacienda, al de la futura Oficina Nacional de Evaluacíón.
El coste para el Estado será de 350 millones anuales a partir de 2021, un 20% del actual presupuesto que Fomento dedica a carreteras. El 20% de cada actuación deberá ser aportado mediante los recursos propios de la compañía adjudicataria. El restante 80% del coste se financiará a partes iguales entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entidades financieras privadas. Al respaldo del banco público europeo se suma la posibilidad de captar recursos del Plan de Inversiones para Europa o Plan Juncker.
El ministro insistió en que el plan trata de reactivar la inversión en infraestructuras, y por eso se concentrará en los proyectos que ya tienen muy adelantada su tramitación administrativa, al menos, que se encuentren ya o hayan superado el estudio de impacto medioambiental.
El plan estima que se crearán 189.200 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos a lo largo de esos 30 años, con un retorno fiscal de unos 2.500 millones de euros y se reducirán hasta seis millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.