Una empresa bajo la sombra del 'caso Gürtel'

La empresa encargada de construir la obra de la plaza del Padre Vallet de Pozuelo, Ploder Uicesa, es una sociedad que en la actualidad está inmersa en un concurso voluntario de acreedores. Sin embargo, ha recibido millonarias adjudicaciones de Administraciones dirigidas por el PP. La más criticada y dudosa, porque relaciona a Ploder de forma indirecta con empresas de la trama Gürtel, fue la construcción y explotación, con un canon de 15,4 millones anuales, del hospital del Ensanche de Vallecas (Infanta Leonor). Ploder se presentó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Begar, propiedad...

La empresa encargada de construir la obra de la plaza del Padre Vallet de Pozuelo, Ploder Uicesa, es una sociedad que en la actualidad está inmersa en un concurso voluntario de acreedores. Sin embargo, ha recibido millonarias adjudicaciones de Administraciones dirigidas por el PP. La más criticada y dudosa, porque relaciona a Ploder de forma indirecta con empresas de la trama Gürtel, fue la construcción y explotación, con un canon de 15,4 millones anuales, del hospital del Ensanche de Vallecas (Infanta Leonor). Ploder se presentó en una Unión Temporal de Empresas (UTE) junto a Begar, propiedad del imputado en Gürtel José Luis Ulibarri, así como otros empresarios. Además, el marido de una consejera de Ploder, María Gálvez, era entonces concejal de Vivienda del PP, Sigfrido Herráez, que pilotó el desarrollo urbanístico de esta zona desde su cargo de presidente de la junta de compensación del Ensanche.

Las coincidencias de Sigfrido Herráez con Gürtel van más allá del hospital Infanta Leonor, ya que el sumario de Gürtel desvela que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Madrid, presidida por Sigfrido Herráez, amañó un contrato en 2004 de 153.000 euros a la empresa Special Events, de Francisco Correa. Este amaño pudo comprobarse al aparecer en diferentes dependencias municipales varios expedientes distintos, que habían sido manipulados en favor de la trama. Dos años después, tras tener conocimiento de que se había producido este baile de informes, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que había nombrado edil de Vivienda a Pilar Martínez en 2005, denunció en un juzgado el caso, al tiempo que expedientó al ex gerente de la sociedad municipal, pero no al concejal. El marido de la consejera de Ploder, conocido amigo de Alejandro Agag, yerno del ex presidente José María Aznar, formaba parte del clan de Becerril. Sigfrido Herráez también mantuvo negocios con un polémico constructor relacionado con el tamayazo: Francisco Bravo, que vendió un terreno de 52.000 metros cuadrados al ex edil y a su esposa.

Pero las concesiones polémicas a esta empresa por parte de dirigentes del PP no se circunscriben únicamente a Madrid. En Murcia, una UTE en la que participaba Ploder fue el centro de una disputa que llegó a la Asamblea Regional. La portavoz del PSOE murciano, Teresa Rosique, acusó al ministro de Fomento, entonces Francisco Álvarez-Cascos, de acelerar la concesión: "Ustedes corrieron tanto que adjudicaron la autopista 14 días antes de iniciarse la campaña electoral y elevaron a escritura pública la concesión de esta autopista con el Gobierno en funciones, nueve días antes de la toma de posesión de la ex ministra". En 2009, la intensidad media de esta autopista fue de 3.174 vehículos al día, lo que ha obligado a Fomento a rescatar esta ruinosa concesión. Otra de las adjudicaciones del PP a Ploder que han sido polémicas fue el tramo de Granada de la A-7, en la que fallecieron seis trabajadores, accidente por el que fueron imputados varios de los responsables de la obra. Ploder no ha querido hacer declaraciones a este periódico.