Hungría, alerta roja
El vertido tóxico recuerda la necesidad de promover prácticas industriales más seguras
El lunes de la semana pasada se produjo un catastrófico derrame tóxico de una balsa con residuos de la minería del aluminio en Hungría, a unos 165 kilómetros al oeste de Budapest. El vertido, de un millón de metros cúbicos de lodo rojo, fue la consecuencia de la rotura del muro de contención de la balsa en la que se encuentra todavía depositado un volumen de residuos siete veces superior al derramado y ha causado hasta este momento siete muertes, 150 heridos y varios centenares de evacuados, en particular numerosos habitantes de Kolontar, el pueblo de 700 vecinos más afectado por el vertido....
El lunes de la semana pasada se produjo un catastrófico derrame tóxico de una balsa con residuos de la minería del aluminio en Hungría, a unos 165 kilómetros al oeste de Budapest. El vertido, de un millón de metros cúbicos de lodo rojo, fue la consecuencia de la rotura del muro de contención de la balsa en la que se encuentra todavía depositado un volumen de residuos siete veces superior al derramado y ha causado hasta este momento siete muertes, 150 heridos y varios centenares de evacuados, en particular numerosos habitantes de Kolontar, el pueblo de 700 vecinos más afectado por el vertido.
Los lodos contienen metales pesados, que pueden ser tóxicos, pero su mayor peligro es la alta alcalinidad, que los hace especialmente corrosivos. Es evidente que la actividad industrial, necesaria en las sociedades de nuestro tiempo, genera no solo prosperidad sino también peligros medioambientales y para la salud de las personas que se manifiestan a veces con especial agudeza, como en este caso o en otro similar, ocurrido en nuestro propio país, en Aznalcóllar, en 1998. Por esta razón, es imprescindible que las empresas propietarias de estas instalaciones, que se lucran con su actividad, pongan todos los medios para prevenir las catástrofes y que los Gobiernos extremen la vigilancia primero y la imposición de sanciones y compensaciones cuando se producen este tipo de accidentes.
Así está ocurriendo, por ejemplo, en el caso del vertido de crudo por la explosión de una plataforma de extracción de BP en la costa norteamericana, y así debería ocurrir en el caso de Hungría. A este respecto, la posición de la empresa responsable, MAL, resulta grotesca al proponer una contribución de 200.000 euros para responder por los daños producidos, cuando los expertos cifran los trabajos de remediación en varios millones, y solicitar el reinicio inmediato de los trabajos cuando el peligro de nuevas roturas en la balsa podría ser inminente. Ahora los esfuerzos se están dirigiendo a contener otros vertidos, que las autoridades consideran inevitables debido al defectuoso estado de la contención de la balsa. Si el derrame llega al Danubio, la contaminación se extendería más allá de límites controlables.
El ejemplo de Aznalcóllar muestra que es posible la regeneración de las zonas contaminadas por este tipo de derrames masivos de sustancias tóxicas, pero solo si se moviliza un volumen importante de recursos y se cuenta con un asesoramiento científico constante y riguroso. También hemos aprendido, de este y de otros accidentes similares, que la prevención es siempre menos onerosa, en términos económicos y de daños a las personas y al medio ambiente, que la remediación. Pero para que este principio se materialice en prácticas industriales, es preciso que las autoridades públicas se involucren, primero en labores de inspección y en normas de seguridad de obligado cumplimiento, y después en sanciones que sean disuasorias de la negligencia en la prevención de riesgos.