El Tribunal de Cuentas avala la labor de la gestora marbellí
La primera consecuencia política del caso Malaya, después de la detención de todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella en marzo de 2006, fue la disolución del consistorio y la implantación de una comisión gestora para gobernar el municipio. Esta entidad interina, presidida por el abogado Diego Martín Reyes, operó desde abril de 2006 hasta las elecciones de mayo de 2007, ganadas por el PP, y tuvo como labor primordial poner orden en las arcas municipales, maltrechas después de tres lustros de gobiernos corruptos del Grupo Independiente Liberal (GIL).
El Tribunal de C...
La primera consecuencia política del caso Malaya, después de la detención de todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella en marzo de 2006, fue la disolución del consistorio y la implantación de una comisión gestora para gobernar el municipio. Esta entidad interina, presidida por el abogado Diego Martín Reyes, operó desde abril de 2006 hasta las elecciones de mayo de 2007, ganadas por el PP, y tuvo como labor primordial poner orden en las arcas municipales, maltrechas después de tres lustros de gobiernos corruptos del Grupo Independiente Liberal (GIL).
El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado, ha respaldado esta labor en un informe solicitado por las Cortes. Por primera vez, un análisis de las cuentas marbellíes no termina en manos de la fiscalía y no encuentra responsabilidades contables, destacó ayer el portavoz municipal, Félix Romero.
En sus conclusiones, el Tribunal señala que la gestora ajustó su actuación a las normas contables "a pesar de las dificultades derivadas de un presupuesto desnivelado". El concejal de Hacienda, Carlos Rubio, afirmó también que el máximo organismo contable reconoce que tanto la gestora como el gobierno local actual aplican todas sus recomendaciones.
Sin embargo, no todo es positivo. El Tribunal de Cuentas critica la labor del interventor municipal, Juan Antonio Castro, y considera, según el PP, que "subsisten numerosas anomalías que se reflejan en los informes de fiscalización anteriores". El equipo de gobierno afirma que corresponde a la Junta de Andalucía abrir expediente al habilitado nacional.