Camps y Such salen a avalar las ayudas a los 1.800 dependientes hasta final de año

El consejero de Economía, Gerardo Camps, intervino ayer personalmente para garantizar al presidente de Aerte, la patronal de las residencias de mayores, que las promesas de Bienestar Social sobre la financiación de 1.800 plazas de dependientes están avaladas por su departamento.

Ayer los focos estaban centrados en la reunión que mantuvo el responsable de Aerte, Alberto Giménez, con la consejera de Bienestar Social. Después de la polémica sobre la posible no renovación de la subvención a 1.800 dependientes por las tensiones financieras del Consell, Angélica Such se comprometió ante Gimén...

El consejero de Economía, Gerardo Camps, intervino ayer personalmente para garantizar al presidente de Aerte, la patronal de las residencias de mayores, que las promesas de Bienestar Social sobre la financiación de 1.800 plazas de dependientes están avaladas por su departamento.

Ayer los focos estaban centrados en la reunión que mantuvo el responsable de Aerte, Alberto Giménez, con la consejera de Bienestar Social. Después de la polémica sobre la posible no renovación de la subvención a 1.800 dependientes por las tensiones financieras del Consell, Angélica Such se comprometió ante Giménez a prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre y garantizar las ayudas por una suma de nueve millones de euros -y, por ello, los ingresos a las residencias, ya que los fondos sostienen el 80% de la estancia de los usuarios-.

La consejera justificó la tardanza en transmitir a las residencias la renovación de las ayudas en "un retraso en la confección del instrumento jurídico y financiero contable", que da soporte a las subvenciones. "En ningún momento la consejería ha dicho que no fuera a continuar con el concierto de las plazas residenciales", insistió.

Such trasladó directamente al presidente de Aerte la promesa que ya anunció públicamente la semana pasada de mantener las ayudas. Sin embargo, las mayores garantías que obtuvo ayer Giménez, según él mismo indicó, salieron de la boca de Gerardo Camps.

Antes de reunirse con la consejera y sin cámaras de por medio, Giménez acudió a la consejería de Economía y Hacienda, donde le recibió el propio Camps. El mensaje que le trasladó el vicepresidente económico es que había dinero detrás de las promesas que le trasladaría minutos después la consejera de Bienestar Social. "Me dio garantías de que tienen el dinero y que los fondos se aprobarán en el pleno del Consell del viernes", señaló Alberto Giménez a este diario.

Lo más probable es que el anuncio en el pleno del Consell de la dotación que garantizará la continuidad del contrato sirva para zanjar la polémica sobre la subvención a estas 1.800 personas dependientes. Pero es posible que este incidente no sea el último capítulo de las tensiones existentes entre la patronal de las residencias y Bienestar Social.

El presidente de Aerte insistió ayer en que pretende que la Generalitat concierte otras 4.000 plazas de residencias privadas que sus asociados tienen vacías. Aspiran a que Bienestar Social mantenga el impulso que dio al sector el anterior responsable del departamento, Juan Cotino, cuya familia tenía intereses en uno de los principales grupos residenciales valencianos. De hecho, antes de abandonar Bienestar Social, Cotino llegó a acuerdos con distintos centros que no entran en los planes de la actual consejera.

Y es que, por un lado, cada vez existe una menor demanda para ingresar en residencias. La preferencia de los usuarios se inclina por solicitar la prestación económica para cuidados familiares frente a cualquier otro servicio. Pero, además, los datos apuntan a que la prestación residencial de la Comunidad Valenciana no es baja. Según el último informe del Ministerio de Sanidad y Política Social (del 1 de agosto), de los 36.316 dependientes valencianos que ya gozan de prestación, un 32% están cubiertos por atención residencial, una tasa que duplica la media española (15,8%).

Maniobra de presión

Por todo ello, distintas fuentes apuntan que la decisión de hace dos semanas de varias residencias de trasladar a sus usuarios la posibilidad de que se quedaran en la calle en septiembre por la falta de fondos del Consell y que consiguió alarmar tanto a los dependientes como a sus familiares no sólo pretendía ser una maniobra de presión para que Bienestar Social cerrara el contrato de estas 1.800 plazas.

"Ya había habido retrasos antes", comentan desde el sector. La intención sería la de alcanzar nuevos acuerdos y ampliar el número de conciertos, que actualmente ascienden a 15.000 plazas (entre privadas y entidades sin ánimo de lucro) y suponen unos 200 millones de euros anuales.

Alberto Giménez negó que hayan utilizado a los usuarios de las residencias en beneficio propio o que hayan presionado de esta forma a la consejería: "Presionar no es una expresión adecuada, estamos trabajando para ocupar 4.000 plazas que generarán 2.000 empleos".