Cuatro ayuntamientos vulneraron la ley en sus contratos con la trama
Boadilla, Arganda, Majadahonda y Pozuelo hicieron negocios con la red Gürtel
La red corrupta del Gürtel anidó en varios ayuntamientos de Madrid, donde hizo jugosos negocios gracias a las prácticas irregulares en la adjudicación de los contratos. Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial ha analizado contratos de la trama con Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Arganda. Los técnicos concluyen que los expedientes de contratación están repletos de irregularidades, como ausencia de publicidad, falta de concreción en el objeto de los contratos, utilización de criterios subjetivos para escoger las ofertas en los concursos o fraccionamientos para evitarlos. Los alcaldes de est...
La red corrupta del Gürtel anidó en varios ayuntamientos de Madrid, donde hizo jugosos negocios gracias a las prácticas irregulares en la adjudicación de los contratos. Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial ha analizado contratos de la trama con Boadilla, Majadahonda, Pozuelo y Arganda. Los técnicos concluyen que los expedientes de contratación están repletos de irregularidades, como ausencia de publicidad, falta de concreción en el objeto de los contratos, utilización de criterios subjetivos para escoger las ofertas en los concursos o fraccionamientos para evitarlos. Los alcaldes de estos municipios dimitieron hace un año al estallar el proceso.
- Boadilla del Monte. Los técnicos analizaron cuatro concursos públicos por más de 70 millones y concluyeron que "los expedientes facilitados por el Ayuntamiento están incompletos y falta información, y lleva a pensar que no es que el expediente archivado esté incompleto, sino que de forma expresa e intencionada no se han remitido". Y añaden: "El Ayuntamiento ha realizado operaciones con otras empresas del grupo sin que nos hayan facilitado la documentación". Los técnicos judiciales detectan facturas con firmas de la red por 24.584 euros.
Técnicos judiciales advierten de que Boadilla oculta documentación
Adjudicaciones a dedo y fraccionar contratos eran prácticas comunes
Entre los contratos analizados están el de la Oficina de Atención al Ciudadano, con un presupuesto de 560.000 euros, adjudicado a Easy Concept; la enajenación de una parcela por 35 millones de euros a UFC, siendo la oferta económica más baja que otras competidoras; la construcción del Parque del Deporte y Salud, que se adjudicó a Constructora Hispánica por 29,6 millones. Otro contrato es el de la construcción del Residencial Siglo XXI, por el que se ceden locales municipales; la gestión del servicio se la queda Easy Concept. Los peritos alertan de la falta de documentación.
- Majadahonda. Los investigadores judiciales se centraron en el contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano, con un presupuesto de 625.053 euros. TCM, una firma de la trama, se adjudicó el contrato. Los técnicos ponen de manifiesto: "La indefinición del objeto. Esto, junto al fraccionamiento de servicios inherentes al contrato, ha provocado que el Ayuntamiento haya abonado a los contratistas cantidades muy superiores, lo que pudo causar un perjuicio económico a las arcas municipales".
- Pozuelo. El Ayuntamiento realizó 39 contratos irregulares por importe de 2.653.707 euros. El examen del contrato de la operación asfalto 2004, adjudicado a la UTE Instalaciones Eléctricas Velasco y Asfaltos Vicálvaro por 1,8 millones, arroja que el concurso fue realizado con criterios subjetivos, según los peritos judiciales. Por otra parte, Pozuelo realizó otros 38 contratos con empresas de la red corrupta por importe de 245.953 euros sin necesidad de ningún procedimiento de contratación y adjudicando directamente el servicio.
- Arganda. El Ayuntamiento suma 32 adjudicaciones por 1.373.072 euros. Los técnicos han revisado 13 contratos del Ayuntamiento con la trama por importe de 168.496 euros. Además, han comprobado otros contratos con Special Events y Easy Concepts por 168.497 euros. Este municipio se ha servido de la Sociedad de Fomento Municipal para tramitar 27 expedientes con empresas del grupo Gürtel por un importe total de 1.036.079 euros. Los peritos concluyen que en algunos de los contratos no está justificado el procedimiento de urgencia, ni mucho menos la adjudicación directa, con lo que se vulnera la legalidad. La sociedad municipal fracciona de forma habitual expedientes de actos deportivos o culturales para evitar el concurso público y se vulneran los principios de publicidad y concurrencia.
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