El PSOE, obligado a aplazar un año la supresión del blindaje de las sociedades
Zapatero y Duran pactaron hace 15 días el texto final de la 'enmienda Florentino'
Era sólo una enmienda, pero con tanta trascendencia empresarial que llegó al Congreso directamente desde La Moncloa y su texto final fue acordado hace 15 días por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.
Se la conoce como enmienda Florentino porque según algunos partidos se trataba de favorecer la toma de control de Iberdrola por parte de ACS, empresa presidida por Florentino Pérez. La enmienda eliminaba el blindaje que impide que la representación en las juntas de accionistas de las sociedades anónimas sea proporc...
Era sólo una enmienda, pero con tanta trascendencia empresarial que llegó al Congreso directamente desde La Moncloa y su texto final fue acordado hace 15 días por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida.
Se la conoce como enmienda Florentino porque según algunos partidos se trataba de favorecer la toma de control de Iberdrola por parte de ACS, empresa presidida por Florentino Pérez. La enmienda eliminaba el blindaje que impide que la representación en las juntas de accionistas de las sociedades anónimas sea proporcional al porcentaje de acciones. ACS controla el 12% de Iberdrola y aspira a alcanzar el 20%, pero sólo puede votar por el 10%. También se beneficiaría con esta reforma legal Sacyr Vallehermoso, que tiene un 20% de Repsol, pero ve limitado el ejercicio de sus derechos políticos en la junta al 10%.
Los límites a los derechos de voto se eliminarán sólo en las cotizadas
El PP propuso incluir un posible veto a accionistas extracomunitarios
La enmienda modificaba la Ley de Sociedades Anónimas, a través de la Ley de Auditorías, un recoveco legislativo que hizo que grupos como el PNV pusieran el grito en el cielo por lo que consideran "falta de ortodoxia parlamentaria", según expresión de su portavoz, Pedro Azpiazu. Según dijo, se incluyó de "manera apresurada" y ha sido preciso "retorcer la realidad para justificarla".
Los grupos de la izquierda también rechazaban de plano la enmienda y había resistencias notables de los socialistas vascos. Para Gaspar Llamazares, "no es aceptable que el Congreso se convierta en marioneta de un interés económico de parte". Y el PP se mantenía de perfil, sin aclarar su posición hasta ayer mismo.
Finalmente, el texto se aprobó ayer con los votos del PSOE y de CiU, pero con un matiz importante: no entrará en vigor hasta dentro de un año, a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado, prevista para finales de abril o principios de mayo.
De esta forma, el ejercicio de los derechos de voto por el total de la participación en las empresas afectadas se demorará aún hasta el segundo trimestre de 2011, después de la junta de accionistas ordinaria del año próximo.
El resultado final es fruto del acuerdo entre Zapatero y Duran, facilitado por una enmienda de CiU. Los socialistas no tuvieron más remedio que aceptar la transacción prevista, antes que arriesgarse a perder la votación de ayer en la Comisión de Economía.
El texto final asegura que "podrán fijar con carácter general el número máximo de votos que puede emitir un mismo accionista o sociedades pertenecientes a un mismo grupo, salvo en el caso de las sociedades cotizadas, en las que serán nulas de pleno derecho las cláusulas estatutarias que, directa o indirectamente, establezcan dicha limitación". Añade una disposición final demorando la entrada en vigor.
El portavoz del PSOE, Juli Fernández, insistió en que la medida no "obedece a intereses particulares, sino todo lo contrario" y aseguró que la reforma para eliminar los blindajes estaba incluida en el último programa electoral de los socialistas.
Para el portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, la medida es "una modificación que va a beneficiar a todo un sector empresarial importantísimo desde una perspectiva del bien común para el interés general".
Hace 15 días, a iniciativa del PNV, los grupos obligaron al PSOE a retrasar a ayer la discusión de la enmienda. La decisión suponía posponer en todo caso la enmienda a la celebración de la junta de accionistas de Iberdrola, en la que se destituyó al representante de ACS en el Consejo poco después de ser nombrado.
El PP se abstuvo porque presentó su propia enmienda transaccional que, al no ser aceptada por el PSOE, fue rechazada. Los populares pretendían añadir una garantía para impedir que accionistas extracomunitarios puedan hacerse con el control de sociedades anónimas cotizadas. Su propuesta consiste en establecer un "proceso de verificación" del Ministerio de Industria cuando se produzcan "adquisiciones de participaciones en empresas españolas por parte de personas físicas o jurídicas extracomunitarias que supongan la tenencia directa o indirecta del 25% de los derechos de voto de dichas empresas". Según el PP, se trataría de establecer la capacidad de intervención del Estado para impedir que sociedades cotizadas pasen a ser propiedad de accionistas extracomunitarios.
La ley pasará ahora al Senado donde el PSOE y CiU tienen los votos justos para garantizar la aprobación de la enmienda tal y como se tramitó ayer. No obstante, el PP dejó claro que mantiene su posición y, por tanto, intentará incluir la cláusula de control de esas sociedades.