El Tribunal de Cuentas investiga si Aznar dañó al Estado para lograr una medalla

El Tribunal de Cuentas ha decidido nombrar un delegado instructor para investigar al ex presidente del Gobierno José María Aznar por presunta "responsabilidad contable" debido a la aprobación de un gasto de 2,3 millones destinados a promocionar la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos para él mismo. El gasto fue aprobado de urgencia, sin concurso y sin pedir ofertas por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, cuando gobernaba el PP.

El Tribunal de Cuentas tratará de aclarar la cantidad que pagó el Gobierno de Aznar a un lobby de Washington, Pi...

El Tribunal de Cuentas ha decidido nombrar un delegado instructor para investigar al ex presidente del Gobierno José María Aznar por presunta "responsabilidad contable" debido a la aprobación de un gasto de 2,3 millones destinados a promocionar la concesión de la Medalla de Oro del Congreso de Estados Unidos para él mismo. El gasto fue aprobado de urgencia, sin concurso y sin pedir ofertas por el Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003, cuando gobernaba el PP.

El Tribunal de Cuentas tratará de aclarar la cantidad que pagó el Gobierno de Aznar a un lobby de Washington, Piper Rudnick, para lograr ese objetivo, finalmente frustrado, y si la contratación se efectuó de acuerdo con la ley. En caso contrario, el Tribunal podría obligar a los responsables a devolver el dinero al Tesoro Público.

El PP mostró ayer "confianza" en su presidente de honor en un comunicado

El Tribunal determinará si el objetivo del gasto era privado o público

El auto del Tribunal de Cuentas precisa que la "responsabilidad contable" puede derivarse de "la adopción de decisiones de gasto y pago con presupuesto público, si la finalidad contractual hubiese sido privada y no pública y el gasto no hubiera sido debidamente justificado, aspecto que no ha quedado claro con la documentación remitida".

El Consejo de Ministros del 26 de diciembre de 2003 aprobó un gasto de 2,3 millones de euros para los ejercicios 2004 y 2005 con el fin de contratar al despacho de abogados Piper Rudnick. El contrato fue gestionado por el procedimiento de urgencia porque, según el Ejecutivo de Aznar, hacía falta "asistir al Gobierno de España en las relaciones más próximas con EE UU".

La decisión del Consejo de Ministros no figuró en el BOE. El objetivo del acuerdo con el lobby era asesorarle "para reforzar sus relaciones con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado, con otros departamentos ejecutivos y agencias y con el Congreso de EE UU encargándose de las acciones y actividades adecuadas".

El acuerdo con el lobby se hizo efectivo el 30 de diciembre de 2003 y el Gobierno de Aznar aceptó pagar una retención de dos millones de dólares en 20 plazos mensuales de 100.000 dólares. Según el acuerdo, se efectuó un pago del 35% del total de la retención, 700.000 dólares, en el momento de ejecución del mismo.

El 2 de marzo de 2004, Piper Rudnick envió un informe al embajador de España en Washington, Javier Rupérez, en el que le relataba el plan de acción concertado en enero de ese año. Los asuntos tratados incluían la preparación del discurso de Aznar ante la sesión conjunta del Congreso de EE UU, la resolución autorizando la entrega de una Medalla de Oro del Congreso para Aznar y la evaluación de la reacción de ciertos departamentos del Gobierno ante la iniciativa económica del ex presidente. El informe añadía que los miembros de la firma asistieron a un almuerzo ofrecido por la Cámara de Comercio de EE UU en honor de Aznar.

El auto del Tribunal de Cuentas, firmado por el consejero Felipe García Ortiz, precisa que de la documentación conocida "podría deducirse, de forma indiciaria, unas supuestas irregularidades en el procedimiento de contratación, aceptadas tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado en sus escritos respectivos de 9 y 16 de febrero de 2010, y una deficiente justificación del contrato".

El auto detalla el alcance de la investigación: "Sería conveniente analizar si la actividad a desarrollar por la empresa contratista era de naturaleza pública, en todo o en parte, así como la finalidad perseguida por el objeto del contrato. Es decir, resulta necesario verificar si los servicios se prestaron o no, y si se prestaron finalmente, si dichas actuaciones tenían por objeto una finalidad pública, debidamente justificada, todo ello, puesto en relación con aquellas normas presupuestarias de aplicación del gasto".

La denuncia que origina la investigación del Tribunal de Cuentas fue presentada por la Asociación Preeminencia del Derecho y el letrado José Luis Mazón. Los tribunales ordinarios desestimaron en su día una denuncia similar de Mazón. El fiscal del juzgado número tres de Madrid recomendó a los denunciantes acudir al Tribunal de Cuentas, al que compete fiscalizar el uso de los fondos públicos y su posible restitución. En el Tribunal, ni el fiscal ni el Abogado del Estado apoyaron la admisión de la denuncia y pidieron, sin éxito, su archivo. Mazón es un abogado conocido. Entre sus acciones figura una querella contra el juez Baltasar Garzón por el patrocinio de unos cursos en la Universidad de Nueva York. Mazón consiguió que el Supremo condenara a 11 magistrados del Constitucional a indemnizarle con 500 euros por rechazar un recurso de amparo sin estudiarlo. También llevó la denuncia contra el juez Calamita, expulsado de la judicatura por impedir a un matrimonio de lesbianas adoptar a una niña.

El PP mostró ayer su "confianza y respaldo" a Aznar y a la labor desarrollada en su etapa de Gobierno. En un comunicado, los populares se mostraron convencidos de que "la actuación del Tribunal de Cuentas sólo puede conducir al archivo de la causa".