Vivienda negocia con las cajas el alquiler indefinido para 2.000 pisos

El Departamento de Vivienda está negociando con las cuatro cajas de ahorro vascas (BBK, Vital, Kutxa y Laboral) que las cerca de 2.000 pisos dedicados a alquiler que comparten tengan permanentemente la calificación de viviendas protegidas, en vez de los 15 años actuales. Así, el parque de pisos públicos de alquiler protegidos indefinidamente superaría los 4.200.

La consejería quiere cambiar el funcionamiento en Alokabide, la sociedad participada al 50% por el Gobierno y las cuatro cajas, que gestiona esas 2.000 viviendas destinadas al alquiler. Al no contar el Ejecutivo con más de la mi...

El Departamento de Vivienda está negociando con las cuatro cajas de ahorro vascas (BBK, Vital, Kutxa y Laboral) que las cerca de 2.000 pisos dedicados a alquiler que comparten tengan permanentemente la calificación de viviendas protegidas, en vez de los 15 años actuales. Así, el parque de pisos públicos de alquiler protegidos indefinidamente superaría los 4.200.

La consejería quiere cambiar el funcionamiento en Alokabide, la sociedad participada al 50% por el Gobierno y las cuatro cajas, que gestiona esas 2.000 viviendas destinadas al alquiler. Al no contar el Ejecutivo con más de la mitad del capital, técnicamente es una compañía de carácter privado. Esta circunstancia les permite evitar ciertos procesos burocráticos para agilizar la salida de suelo al mercado, frente a los movimientos de la Administración, que al someterse al derecho público son más lentos.

El cambio impide que puedan ser vendidos después de 15 años

Ahora, Vivienda gestiona directamente 2.200 viviendas destinadas a alquiler, con una calificación de protección permanente, que impide que puedan venderse. El parque total de pisos arrendados ronda los 15.000, q ue se completan con los 4.700 del programa de viviendas vacías Bizigune y otros 7.000 de sociedades públicas de los ayuntamientos y de promotores privados. En el caso de Bizigune, no hay posibilidades de que tengan un uso público permanente, ya que los contratos son de cinco años y luego el propietario tiene potestad para actuar cómo quiera: usarla él mismo, venderla o alquilarla de nuevo. Con las 7.000 pisos de los ayuntamientos y promotores, tampoco hay margen.

Por eso, la única opción de aumentar el parque de viviendas en alquiler permanente son las de Alokabide. La modificación no requerirá elaborar ninguna normativa, asegura el director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda, Mario Yoldi. "Vamos a tratar de convencer a los socios".

Ésta es una de las iniciativas que trabaja el Departamento que dirige Iñaki Arriola para aumentar el parque de viviendas en alquiler, una de las prioridades para los próximos años. El consejero ya anunció en noviembre que quiere promover el próximo año 1.600 pisos protegidos para el alquiler. Yoldi explica que el próximo año se aplicará un mecanismo novedoso: la suscripción de contratos de arrendamiento a 30 años con los constructores. Se trata de que, tras la elección a través de concursos, el adjudicatario se encargue de construir las viviendas y, una vez terminadas, reciba un canon anual durante 30 años. Al cabo de este periodo, el departamento se hace cargo de la propiedad sin cargas y gestiona el alquiler. "A largo plazo es rentable para el empresario, porque se está calculando rentabilidades del 7 u 8%", apunta el director de Planificación.

La consejería ya lo ha planteado al sector y "las respuestas son positivas". La intención es que 1.000 viviendas se construyan sobre suelos dotacionales -destinados a equipamientos; pero con la ley del Suelo, los ayuntamientos deben ceder una parte para hacer viviendas de 40 metros cuadrados y un alquiler máximo de cinco años- y 600 sean viviendas sociales. Pero Vivienda limitará esta fórmula. "En 2011 se aplicará pero, según se recupere la economía, se volverá al modelo tradicional".

Aunque el parque de viviendas públicas en arrendamiento asciende a 15.000, la acción de la Administración se extiende a 42.000 si se incluyen las destinadas a los perceptores de renta básica (más de 6.000) y los que cobran ayudas de emergencia para alquiler, cerca de 20.000.