Tres constructoras que financiaron a CDC acapararon obras públicas
La Generalitat les dio el 30% de las rehabilitaciones de viviendas
El caso del desvío de fondos del Palau de la Música sigue extendiendo su sombra sobre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Las tres empresas que se dedican a la rehabilitación de inmuebles y que financiaban a la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, fueron las principales beneficiadas de las adjudicaciones de obras de la empresa pública de vivienda Adigsa entre 1999 y 2004. En esos años se hicieron con el 28,5% de los contratos de obras de la sociedad pública, cuya gestión en la época de CiU está investigada por el juez después de que se advirtieran desviaciones de hasta el 80%.
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El caso del desvío de fondos del Palau de la Música sigue extendiendo su sombra sobre Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Las tres empresas que se dedican a la rehabilitación de inmuebles y que financiaban a la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC, fueron las principales beneficiadas de las adjudicaciones de obras de la empresa pública de vivienda Adigsa entre 1999 y 2004. En esos años se hicieron con el 28,5% de los contratos de obras de la sociedad pública, cuya gestión en la época de CiU está investigada por el juez después de que se advirtieran desviaciones de hasta el 80%.
Las constructoras Comapa (controlada por Copisa), Natur System y Rehac, SA, estuvieron durante la última legislatura de CiU sistemáticamente entre las cinco empresas con más adjudicaciones de Adigsa, según fuentes cercanas al actual Ejecutivo catalán, y consiguieron captar obras por 35,1 millones de euros. Ese pelotón inalcanzable para el resto de constructoras lo encabezaban junto a Carsa y Teyco, perteneciente a la familia Sumarroca, fundadora de CDC.
Según las cuentas entregadas por la fundación nacionalista al Departamento de Justicia, correspondientes a los ejercicios de 2004 y 2005, Copisa, entonces ya propiedad de Comapa, donó 60.000 euros; Rehac, SA, 48.000, y Natur System, 20.622 euros. Esta última, además, aparece en el sumario del caso Millet de forma indirecta, puesto que el fiscal menciona que una empresa de los entonces propietarios de esta firma, la familia Valsells, falsificó facturas para que Millet pudiera justificar desvíos.
La empresa pública tiene una investigación abierta a raíz de una querella de la fiscalía tras la polémica del 3%, cuando en enero de 2005 Pasqual Maragall acusó a CiU de cobrar comisiones en la obra pública. La Sindicatura de Cuentas, además, halló varias anomalías, como adjudicaciones sin concurso ni publicidad ni constancia en el departamento de Contratación. Eso ocurrió, según el informe de la Sindicatura, en el caso de Rehac, SA.
Según las mismas fuentes cercanas al Gobierno tripartito, además las tres constructoras registraron desvíos presupuestarios como consecuencia de las reformas o añadidos que hicieron, en muchas ocasiones sin que se convocara otro concurso. De las 189 intervenciones que hicieron estas empresas entre 1999 y 2004, en 68 hubo desviaciones. En un caso, se rozó el 70%.