El Palau exigirá el dinero a Convergència
Los gestores reclamarán que se anulen los convenios porque la junta del Orfeó Català no los aprobó.- La Fundación Trias Fargas debería devolver 540.000 euros que cobró mediante cheques
El equipo gestor del Palau de la Música irá hasta el final para recuperar el patrimonio de la institución. Los nuevos responsables de la entidad reclamarán el dinero que el ex presidente del Palau Fèlix Millet desvió de la Asociación Orfeó Català a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según explicaron ayer fuentes cercanas al Palau. Seis de los siete convenios firmados pueden ser declarados nulos de pleno derecho porque no fueron aprobados por la junta de la entidad. Ello supone que CDC debería devolver 540.000 de los 630.000 euros que recibió ent...
El equipo gestor del Palau de la Música irá hasta el final para recuperar el patrimonio de la institución. Los nuevos responsables de la entidad reclamarán el dinero que el ex presidente del Palau Fèlix Millet desvió de la Asociación Orfeó Català a la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), según explicaron ayer fuentes cercanas al Palau. Seis de los siete convenios firmados pueden ser declarados nulos de pleno derecho porque no fueron aprobados por la junta de la entidad. Ello supone que CDC debería devolver 540.000 de los 630.000 euros que recibió entre 1998 y 2007.
Los nuevos gestores del Palau esperarán a disponer de toda la auditoría para hacer pública cualquier conclusión. Sin embargo, fuentes cercanas a la dirección sostienen que la decisión está tomada. El equipo que está asesorando al Palau y rastreando sus cuentas ha aconsejado a los gestores reclamar el dinero. La razón es que los acuerdos no fueron aprobados por la junta de la Asociación Orfeó Català, de donde salió el dinero, lo cual es motivo suficiente para que sean declarados "nulos de pleno derecho".
La empleada destituida tenía pleno acceso a la caja fuerte del Palau
Además, ayer la fundación de CDC dio marcha atrás y admitió que 540.000 euros procedían de la asociación. Es decir, sólo el 15% de los 630.000 euros que recibió la entidad nacionalista provenían de la fundación, al contrario de lo que habían sostenido los convergentes hasta ahora. Varios miembros de la junta de la asociación aseguraron ayer no tener ninguna constancia de esos convenios y sostuvieron que en la próxima junta, el día 27 de octubre, reclamarán a los auditores toda la documentación sobre los cheques que salieron de la entidad.
Los miembros del patronato del Orfeó consultados agregaron que el informe de la inspección de Hacienda que recoge el sumario ha causado todavía más malestar. "Es muy raro que del Palau salga un cheque que no esté en las cuentas oficiales con la misma cantidad que recibe la Trias Fargas en esa época", afirmó un patrono. La guinda la puso ayer CDC, que reconoció haber cobrado en cheques y no mediante transferencias bancarias como había insistido hasta ahora.
Antes de reclamar el retorno del dinero, los servicios jurídicos del Palau quieren revisar los convenios y las facturas que han requerido a la Fundación Trias Fargas. Las fuentes consultadas no tienen noticia de que la entidad de CDC haya puesto a su disposición los convenios que firmó con Millet. Pero, como al resto de sus proveedores, los auditores del Palau sí han pedido por carta toda la documentación. El retorno de los 540.000 euros supondría un mazazo para la fundación nacionalista, que este año maneja un presupuesto de 1,3 millones. El presidente de la Fundación Ramon Trias Fargas, Agustí Colomines, aseguró ayer en Ràdio Barcelona que su entidad no habría aceptado dinero procedente del Palau de la Música si hubiera sabido que procedía de una estafa. "¿Cree que alguien lo hubiera admitido?", preguntó.El presidente de la Fundación Trias Fargas, Agustí Colomines, arremetió ayer contra el PSC por la "utilización política" que, a su juicio, está haciendo de este caso. "Si tienen alguna prueba, que vayan al juzgado", afirmó Colominas, quien aseguró que el dinero que habían recibido era legal. Y según añadió, si era legal significa que también era moralmente correcto.
Mientras se esclarece el origen de las aportaciones que efectuó el ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet, las instituciones que subvencionaron la entidad siguen anunciando actuaciones. El Ministerio de Cultura remitió ayer un escrito a la Abogacía del Estado para que se persone en el procedimiento judicial abierto contra Millet y su mano derecha, Jordi Montull, ambos imputados por los supuestos delitos de apropiación indebida y falsedad a consecuencia del desvío de fondos del Palau de la Música.
El Ministerio justificó la decisión en el perjuicio que los hechos presuntamente cometidos durante al menos siete años suponen para los intereses públicos. La Generalitat ya afirmó que se personaría en la causa abierta contra Millet y Montull.
Y es que ambas instituciones inyectaban dinero público en el consorcio, parte del cual se transfirió a la Asociación Orfeó Català y se usó, por ejemplo, para rehabilitar inmuebles particulares de Millet. Así lo recoge, al menos, el informe de la inspección de Hacienda que consta en el sumario. Según ese documento, Millet admitió que el dinero procedía de aportaciones públicas y privadas.
Además de tener que auditar las cuentas y seguir con el día a día del Palau, sus nuevos gestores siguen tratando de renovar la estructura que Millet montó a su alrededor con cargos de confianza. La dirección del Palau despidió ayer a Elisabeth Barberà, la que fuera secretaria personal de Millet. Barberà aparece en el sumario del caso porque se halló una escritura pública en la que el ex presidente del Orfeó le daba poderes especiales, junto a su hija Clara, para acceder a la caja de seguridad e introducir o sacar todo tipo de documentos.
Fuentes del Palau explicaron que prácticamente ya se han cerrado los despidos de cargos de confianza, y admitieron que en algunos casos se ha recurrido al despido improcedente. Clara Millet abandonó su puesto de trabajo, mientras que a Gemma Montull se le impuso el despido disciplinario.