Pasaportes que llevan a la calle

Mohamed (nombre ficticio) nació el 1 de diciembre de 1991 en Guinea-Bissau. Al menos según su pasaporte. Pero eso no es suficiente para la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), que no se fía de muchos pasaportes subsaharianos y examina el físico de algunos menores que habitan en sus centros de acogida mediante pruebas médicas. El organismo quiere esclarecer si realmente son menores y, por tanto, tienen derecho a recibir su ayuda.

A chicos como Mohamed les va mucho en este análisis. Su vida ya es dura por ser chavales de tan sólo 17 años: duermen mal en centros como El Al...

Mohamed (nombre ficticio) nació el 1 de diciembre de 1991 en Guinea-Bissau. Al menos según su pasaporte. Pero eso no es suficiente para la Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), que no se fía de muchos pasaportes subsaharianos y examina el físico de algunos menores que habitan en sus centros de acogida mediante pruebas médicas. El organismo quiere esclarecer si realmente son menores y, por tanto, tienen derecho a recibir su ayuda.

A chicos como Mohamed les va mucho en este análisis. Su vida ya es dura por ser chavales de tan sólo 17 años: duermen mal en centros como El Alcorn, denunciado por algunas ONG por su saturación. Allí, dicen algunos, otros inquilinos les han llegado a robar. Pero si les declaran adultos, pueden acabar en la calle. No serían los primeros. Ayer, 25 de ellos, entre los que estaba Mohamed, reclamaron ante el Palau de la Generalitat que la Administración no les abandone.

No es la primera vez que la DGAIA hace estas pruebas médicas para contrastar la edad que figura en los pasaportes. En diciembre lo hizo, expulsó de un centro a 13 jóvenes y por eso recibió, en febrero, un serio varapalo del Síndic de Greuges. El defensor del pueblo dudó de la fiabilidad de estas pruebas, que según estudios del Centro de Estudios Jurídicos de la propia Generalitat tienen un gran margen de error. Consisten en un examen forense, un análisis de la madurez de los huesos de la muñeca y de la mandíbula. Este último ofrece para el Colegio Oficial de Odontólogos sólo "una aproximación" de la edad real. El Síndic también criticó que la DGAIA se fíe más de estos vagos indicios que de los documentos legales y apuntó que cualquier duda sobre estos últimos la debe esclarecer la policía y no la DGAIA.

A pesar de ello, el Departamento de Acción Social piensa seguir haciendo (y creyéndose) las pruebas en caso de duda. "El Síndic no puede obligar a la Administración a modificar sus pautas. Esta recomendación no la vamos a seguir", señalaron ayer fuentes de la consejería. Eso no desanima al Centre dels Infants del Raval, una asociación que atiende a menores con problemas. "Se hace un uso abusivo de las pruebas de edad", recalcó su director técnico, Ismael Palacín.

Y para ilustrar las consecuencias paradójicas de esta conducta, puso el ejemplo de un guineano que, aseguró, fue expulsado hace tan sólo unas semanas de un centro de la DGAIA porque, según las pruebas del organismo, es adulto. Pero según su pasaporte no tiene 18 años, así que no lo puede atender la Cruz Roja. De momento, tiene un techo bajo el que dormir, pero Palacín teme que acabe en la calle. "Son chicos con empuje, pero corren el riesgo de la indigencia", se lamenta. Mohamed tiene ese empuje. Y ahora lo emplea en defender a sus compañeros.