(L)A cuenta
No me hacía una idea de lo que podía costar retirar una pintada de una pared, así que lo he preguntado. Las respuestas obtenidas me han sorprendido, la verdad, por su modestia. Los precios van de 8,10 a 20 euros el metro cuadrado, según el método utilizado y la textura de la pared en cuestión. En fin que, incluso poniéndonos en lo peor, no parece que la factura a pagar por un ayuntamiento por ver limpias sus paredes de dianas, amenazas, enaltecimientos e indignidades varias sea nunca demasiado abultada. Más bien al contrario.
Por esa razón -y aunque cuesta comprenderla, se mire por dond...
No me hacía una idea de lo que podía costar retirar una pintada de una pared, así que lo he preguntado. Las respuestas obtenidas me han sorprendido, la verdad, por su modestia. Los precios van de 8,10 a 20 euros el metro cuadrado, según el método utilizado y la textura de la pared en cuestión. En fin que, incluso poniéndonos en lo peor, no parece que la factura a pagar por un ayuntamiento por ver limpias sus paredes de dianas, amenazas, enaltecimientos e indignidades varias sea nunca demasiado abultada. Más bien al contrario.
Por esa razón -y aunque cuesta comprenderla, se mire por donde se mire- se entiende aún menos la postura del PNV, expresada por su parlamentaria Eugenia Arrizabalaga, que cuestiona la decisión del Departamento de Interior de obligar a los ayuntamientos a retirar carteles y pintadas relacionados con ETA. Considera el PNV que esa decisión es una injerencia que, además, no tiene en cuenta "la escasez de recursos" de los municipios. Es verdad que las crisis, que son por definición periodos de encogimiento, suelen dar también para algunas expansiones, entre ellas las demagógicas. Y sorprende además que el PNV haya pasado en unos pocos meses de considerar a Euskadi poco menos que un país de Jauja, a presentarlo como un lugar de tan escasos recursos que hasta el pago de una cuenta de limpieza, con los costes antes apuntados, puede suponer un descalabro en las cuentas municipales.
En cuanto a la acusación de injerencia, el artículo 4 de la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo deja poco espacio para la vacilación interpretativa, se expresa con una claridad de arroyo de montaña: "Los poderes públicos vascos velarán para que las víctimas sean tratadas con respeto a sus derechos (...) actuarán de manera especial contra las pintadas y carteles" de la índole que todos conocemos. Entiendo que la pregunta (parlamentaria o no) que corresponde en este caso no es si el Gobierno vasco puede intervenir sino ¿cómo podría no hacerlo, con qué derecho?
Lo que cueste limpiar las fachadas no parece que vaya a ser nunca muy alto (de todas formas el Departamento de Interior acaba de destinar medio millón de euros a dicha tarea). En cambio, el precio o la cuenta social que supone dejar al aire esos carteles y pintadas ya sabemos que es elevadísima: una inasumible cuenta de contra-pedagogías democráticas, de vicios de convivencia, de pérdida de oportunidades de crecimiento común, de deterioro de nuestra imagen exterior, de derrumbe de la libertad y la felicidad más íntima. A todo eso asciende la factura de mantener esos carteles y pintadas. A su lado, el coste de hacerlos desaparecer de nuestras paredes resulta minúsculo, y no debería verse como un gasto sino como una rentable inversión. No debería tener la consideración de cuenta. O a lo sumo sólo de cuenta atrás, hasta el despegue en Euskadi del respeto civil y de la convivencia digna, sostenidos y bien visibles.