Mendia negociará las cárceles "paso a paso"

La transferencia de la competencia sobre los centros penitenciarios no va a ser pan comido, por más que el actual equipo de Gobierno tenga una mejor interlocución con el Ejecutivo central y ambos pertenezcan al mismo partido. La relación de la política penitenciaria con la lucha antiterrorista y la primacía que al fin de ETA otorgan ambos gobiernos la obstaculizan claramente. La entrevista de ayer entre la consejera de Justicia, Idoia Mendia, y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, así lo dejó ver, aunque había un indicio anterior: la renuncia del PSE-EE a i...

La transferencia de la competencia sobre los centros penitenciarios no va a ser pan comido, por más que el actual equipo de Gobierno tenga una mejor interlocución con el Ejecutivo central y ambos pertenezcan al mismo partido. La relación de la política penitenciaria con la lucha antiterrorista y la primacía que al fin de ETA otorgan ambos gobiernos la obstaculizan claramente. La entrevista de ayer entre la consejera de Justicia, Idoia Mendia, y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, así lo dejó ver, aunque había un indicio anterior: la renuncia del PSE-EE a incluir la cuestión en su programa electoral, aunque sí lo había hecho antes en el documento denominado

Justicia volverá a prestar asistencia médica, docente y social en las cárceles

100 razones para el cambio.

La consejera Mendia dijo claramente el martes, en su comparecencia parlamentaria para explicar las líneas generales de su mandato, que la gestión íntegra de las prisiones no es una prioridad en estos momentos.

La razón aducida por el Gobierno central para negarse al traspaso de las cárceles ha sido su consideración de la política penitenciaria como un factor más de la lucha antiterrorista. Esa visión es ahora compartida por el Gobierno vasco. Ello llevaría a la conclusión de que sólo la desaparición del terrorismo abrirá la puerta al traspaso de la gestión de las cárceles, que sí tiene ya Cataluña.

Mendia y Gallizo estuvieron de acuerdo ayer en ese extremo, aunque la primera mantuvo la reclamación de la competencia plena para un futuro. Mientras tanto, ambas administraciones darán "pasos" parciales. El primero será retomar los convenios de colaboración existentes desde 1994 por los que el Gobierno autonómico prestaba la asistencia sanitaria y la atención docente y social en las tres prisiones vascas. En el clima de enfrentamiento con el Ejecutivo central durante los mandatos de Ibarretxe, y con el departamento a cargo de Joseba Azkarraga (EA), éste decidió unilateralmente en 2007 no renovar esos convenios, con lo que esas funciones volvieron a ser desempeñadas por Instituciones Penitenciarias. Esa suspensión fue un modo de evidenciar que la reclamación de la transferencia era por el total de ella y que no cabrían más etapas intermedias. O el traspaso completo o colaboración cero del Gobierno vasco.

Esa política, que ayer la consejera de Justicia definió como "del todo o nada" pasará a la historia con el nuevo equipo socialista, en las transferencias en general y en la de prisiones en particular. Fuentes del Ejecutivo vasco explicaron que mientras persista el problema del terrorismo en Euskadi, la actitud del Gobierno autonómico es colaborar con el Estado en la lucha contra ETA. Y esa colaboración prioritaria incluye la renuncia a plantear asuntos que entren en colisión con ella. Entretanto, "hay pasos que se pueden ir dando", matizaron.

En esa línea, Mendia y Gallizo sentaron ayer las bases de un calendario de trabajo que permitirá firmar y poner en marcha los dos convenios en el mes de septiembre. Mendia valoró que ambas cuestiones son básicas para "el bienestar" de los internos de las cárceles vascas y que ése sí es un "objetivo prioritario" de su Gobierno. La consejera apostó también por un seguimiento de los internos una vez que abandonan la prisión para reducir las reincidencias. La consejera sostuvo, no obstante, que "la posición del Gobierno vasco será trabajar para el cumplimiento pleno del Estatuto de Autonomía". Éste atribuye en su artículo 10.14 como competencia exclusiva "la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones de protección y tutela de menores penitenciarias y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria".

Con esta renuncia temporal a la transferencia, el Gobierno abre así un flanco a las críticas de los nacionalistas.