La nueva directiva comunitaria pide paso

El texto de la Ley General Audiovisual sobre el que trabaja el Gobierno es menos ambicioso que el anteproyecto que los socialistas elaboraron en la pasada legislatura. No vio la luz, pese a que era una promesa electoral. Ninguna novedad. El Gobierno del Partido Popular tampoco la alumbró en sus ocho años en el poder y también era un compromiso político.

La ley consta, de momento, de 64 artículos (en anterior superaba los 80) e integra la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que en el viejo proyecto aparecía regulado de manera independiente.

El Gobierno apr...

El texto de la Ley General Audiovisual sobre el que trabaja el Gobierno es menos ambicioso que el anteproyecto que los socialistas elaboraron en la pasada legislatura. No vio la luz, pese a que era una promesa electoral. Ninguna novedad. El Gobierno del Partido Popular tampoco la alumbró en sus ocho años en el poder y también era un compromiso político.

La ley consta, de momento, de 64 artículos (en anterior superaba los 80) e integra la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que en el viejo proyecto aparecía regulado de manera independiente.

El Gobierno aprovecha la ley para trasponer la directiva comunitaria Servicios de medios audiovisuales sin fronteras. La Comisión Europa ha dado de plazo a los Estados miembros hasta diciembre de este año para esta tarea. La directiva moderniza la legislación y adapta su contenido a los cambios tecnológicos. Pero sobre todo, simplifica y flexibiliza las normas de inserción de anuncios. Permite, por ejemplo, la publicidad en pantalla dividida, la virtual o la interactiva.

El recurso del decreto

Ante la hipótesis de que la falta de consenso bloquee la Ley General Audiovisual, el Gobierno podría optar por una ley light, enfocada a cumplir el compromiso europeo y dejando fuera los aspectos más espinosos.

Algunos de los puntos que inicialmente figuraban en la ley, como la prohibición de poseer más de un 5% en distintas cadenas de televisión, han sido regulados mediante un real decreto ley. Durante el debate de convalidación del texto, la oposición propició que se tramite como proyecto de ley. Prácticamente todos los grupos políticos consideraron esta medida como un "parche". El portavoz del PP, Esteban González Pons, abogó por "medidas más eficaces" para afrontar la crisis por la que atraviesan los medios. Y citó en primer lugar la supresión de la publicidad en las televisiones públicas "en un plazo razonable".

Hasta ahora, sólo TVE tiene limitaciones extras a la hora de acceder al mercado publicitario (10 minutos por hora, frente a los 12 del resto de los operadores). Las televisiones públicas, además, reciben más de 1.000 millones de euros del erario público. Por sí sola, la corporación RTVE absorberá este año 555 millones de los Presupuestos Generales del Estado.