Alarte vincula 17.000 empleos a la aplicación de la ley

Jorge Alarte, secretario general del PSPV, aseguró hoy que si el presidente de la Generalitat Francisco Camps "aplicase la Ley de Dependecia, en la Comunidad Valenciana estarían trabajando 17.000 personas más" en distintos servicios de atención a los ciudadanos dependientes.

Durante una visita a la localidad de Vilafranca, en la comarca castellonense de Els Ports, acompañado por el presidente del PSPV y alcalde del municipio, Óscar Tena, Alarte puso en duda la "voluntad política" de la Generalitat para aplicar la Ley de Dependencia y "beneficiar a miles de familias".

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Jorge Alarte, secretario general del PSPV, aseguró hoy que si el presidente de la Generalitat Francisco Camps "aplicase la Ley de Dependecia, en la Comunidad Valenciana estarían trabajando 17.000 personas más" en distintos servicios de atención a los ciudadanos dependientes.

Durante una visita a la localidad de Vilafranca, en la comarca castellonense de Els Ports, acompañado por el presidente del PSPV y alcalde del municipio, Óscar Tena, Alarte puso en duda la "voluntad política" de la Generalitat para aplicar la Ley de Dependencia y "beneficiar a miles de familias".

También se preguntó por el destino de los fondos que la Generalitat recibe del Estado y que "luego no se invierten en atención a dependientes". En este sentido, destacó que "detrás de de la falta de aplicación de la Ley de la Dependencia, hay miles de casos y familias que están padeciendo dificultades y dramas en su día a día".

Del mismo modo, Alarte defendió la aplicación de la norma como "herramienta para equilibrar las comarcas del interior y la costa" y subrayó que el cumplimiento de la ley generaría "un buen número de puestos de trabajo" distribuidos de forma equitativa sobre todo el territorio valenciano.

Ricardo Costa, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana, replicó a través de un comunicado que el Gobierno central "paga mal y tarde" los fondos destinados a la atención de los dependientes, un argumento recurrente que no aclara las razones por las que el número de dependientes valencianos registrados como beneficiarios de la ley sigue muy por debajo de la media nacional.