Los ecologistas denuncian fraude al ejecutar dos parques eólicos

Acció Ecologista-Agró y la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible (Ades) han presentado una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, falsificación de certificados, falsificación de documentos públicos y delito contra la Hacienda Pública tras detectar diferencias entre los proyectos aprobados para dos de los parques eólicos de la comarca castellonense de Els Ports y la instalación de molinos que finalmente se ha ejecutado. El escrito no señala responsables pero esgrime que los parques de Arriello, entre Vilafranca, Castellfort y Ares, y de Las Cabrillas, en Portell de More...

Acció Ecologista-Agró y la Asociación para un Desarrollo Eólico Sostenible (Ades) han presentado una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, falsificación de certificados, falsificación de documentos públicos y delito contra la Hacienda Pública tras detectar diferencias entre los proyectos aprobados para dos de los parques eólicos de la comarca castellonense de Els Ports y la instalación de molinos que finalmente se ha ejecutado. El escrito no señala responsables pero esgrime que los parques de Arriello, entre Vilafranca, Castellfort y Ares, y de Las Cabrillas, en Portell de Morella, no se ajustan al proyecto originalmente aprobado, por lo que las certificaciones e informes técnicos que dieron luz verde a la puesta en funcionamiento de las instalaciones son "falsos".

Los ecologistas sostienen que se falseó la documentación

En su denuncia, los grupos ecologistas explican también que, al considerar que existen diferencias entre lo aprobado y lo ejecutado, las cantidades percibidas por la concesionaria, la empresa Renomar, en concepto de primas por producción de electricidad, han sido "fraudulentas".

La denuncia ha sido remitida a la fiscalía de Castellón, que previamente ya había remitido al juzgado una denuncia por prevaricación y delito contra la fauna que afecta a cuatro altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente y a los responsables de Renomar, debido a la elevada mortandad de buitres, que chocan contra las aspas de los aerogeneradores. El fiscal acusa a la concesionaria de incumplir la declaración de impacto ambiental y a Medio Ambiente de no haber vigilado el cumplimiento de las medidas correctoras para evitar la mortandad masiva.

La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, sancionó a Renomar al comprobar que en uno de los parques no se ajustaba al proyecto.La denuncia presentada ahora por Acció Ecologista-Agró y Ades incluye una respuesta parlamentaria del consejero de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, a la diputada Mireia Mollà en la que admite que ha existido algún cambio entre la ejecución y el proyecto original. En ella, el consejero señala que la construcción de los parques se ha realizado, "en términos generales, ajustada a los proyectos presentados para la formulación de la declaración de impacto ambiental", pero reconoce que, no obstante, se ha detectado, en el parque de Arrielo, que un aerogenerador y su correspondiente camino de acceso "no se ajustan a su proyecto aprobado". Además, hace referencia a otros dos tramos de camino en el parque Folch I que tampoco se ajustan al proyecto. En su escrito indica que, "por esta razón", "se ha impuesto una sanción a Renomar y se está tramitando el oportuno expediente para el restablecimiento de la legalidad".

La documentación presentada indica que durante la ejecución de las obras de instalación de los parques de Arriello y Las Cabrillas "se realizaron modificaciones en la ubicación de un cierto número de aerogeneradores". De los escritos que adjuntan a la denuncia se desprende, tal como señalan, que estas modificaciones "no figuraban en los proyectos a los que se otorgó Licencia de Actividad y Licencia de Obras, y pese a ello, se llevaron a cabo". Además, ambas asociaciones apuntan que las modificaciones no "fueron notificadas formalmente ni contaron con la aprobación formal de los respectivos ayuntamientos, tal y como obligaba el acuerdo de otorgamiento de las respectivas licencias". Tampoco aparecen las modificaciones en los certificados de final de obra, ni en las actas de comprobación que realizaron los ayuntamientos, ni en la autorización de puesta en servicio o autorización de explotación otorgada por la Administración autonómica, en la que "no se hace referencia, pese a tener conocimiento de que se han realizado modificaciones sustanciales y que el proyecto ejecutado es diferente del aprobado".

Por todo ello, consideran que las irregularidades denunciadas ponen de manifiesto que "la Administración y la empresa adjudicataria actúan al unísono y sin ningún rigor". Y añaden los denunciantes que el hecho de que Renomar empezara a recibir compensaciones económicas o primas reconocidas en la legislación vigente para los productores de energía eléctrica en régimen especial, es decir, de origen eólico, se hizo a través de una documentación "falseada". Este diario trató ayer, sin éxito, de conocer la versión de la empresa Renomar.

Por otra parte, el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, mantiene la negociación abierta con los alcaldes de Els Ports afectados por la instalación de molinos en sus términos municipales. Tras el anuncio del Consell de ampliar los parques eólicos, los alcaldes se pusieron de acuerdo para reclamar que, antes de la nueva adjudicación, se concretara, por ejemplo, el destino del fondo de compensación que la adjudicataria de los parques se comprometió a realizar en la comarca. Así, Rambla aceptó la propuesta que plantearon los alcaldes y aseguró la aprobación de un nuevo canon por el que los municipios pasarán de cobrar 1 euro por kilovatio producido a 2,5 euros por kilovatio.