Un juez investiga si el uso de tóxicos causó abortos en una cárcel

La justicia investiga si el uso de productos tóxicos para fumigar la cárcel de Quatre Camins causó abortos y nacimientos de niños con malformaciones en, al menos, siete funcionarias de esa prisión. Los casos se produjeron entre 1992 y 2003, pero la querella contra diversos responsables de los servicios de prevención del Departamento de Justicia de la Generalitat se presentó hace meses. El juzgado de instrucción número 2 de Granollers la ha admitido a trámite y deberá comprobar si hay relación de causa-efecto entre los productos químicos y los problemas en los embarazos.

La investigación...

La justicia investiga si el uso de productos tóxicos para fumigar la cárcel de Quatre Camins causó abortos y nacimientos de niños con malformaciones en, al menos, siete funcionarias de esa prisión. Los casos se produjeron entre 1992 y 2003, pero la querella contra diversos responsables de los servicios de prevención del Departamento de Justicia de la Generalitat se presentó hace meses. El juzgado de instrucción número 2 de Granollers la ha admitido a trámite y deberá comprobar si hay relación de causa-efecto entre los productos químicos y los problemas en los embarazos.

La investigación está "en una fase prematura", según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El bufete de abogados que lleva el caso basa la querella en un informe de la Inspección de Trabajo de 2002. El documento dice, según los abogados, que las funcionarias estaban sometidas a "riesgos graves", porque las fumigaciones se hacían "sin precaución ni aviso previo" en lugares con "ventilación deficiente", avanzó ayer El Periódico de Catalunya.

Los letrados encargaron un informe médico que apunta la "posible relación de causalidad" entre la fumigación y los problemas de salud. La consejera de Justicia, Montserrat Tura, recordó que la Fiscalía archivó una denuncia similar en 2002. En aquella ocasión, los informes subrayaron que los casos detectados en la cárcel de La Roca del Vallès no superaban la ratio normal de abortos y malformaciones.

En la querella se acusa a los responsables de la Generalitat de los delitos de lesiones, aborto y de ir contra los derechos de los trabajadores. Los abogados dicen que hay otras 10 mujeres afectadas (que no se han atrevido a denunciar) y sostienen que las funcionarias que se quedan embarazadas siguen pidiendo, aún hoy, la baja inmediata. Justicia no pudo confirmar ese extremo, pero matizó que las empresas contratadas para fumigar son otras, que las sustancias usadas en la época eran legales y que ahora se utilizan productos no tóxicos.