El tripartito retira un texto sobre derechos humanos para "no dividir"
La abstención de EHAK dejó la iniciativa tocada y sin falta de apoyos
En el último instante y cuando la suerte ya estaba echada, el tripartito y Aralar optaron ayer por retirar de la votación final en el pleno del Parlamento una proposición no de ley relacionada con los derechos humanos. Rafael Larreina, portavoz de EA en el debate, justificó la decisión en un intento de evitar que la Cámara quedase dividida por una cuestión como la adhesión a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo cierto es que los grupos que apoyan al Ejecutivo aguardaron hasta el último momento para hacer este movimiento, cuando EHAK ya había anunciado su abstención y socialistas y ...
En el último instante y cuando la suerte ya estaba echada, el tripartito y Aralar optaron ayer por retirar de la votación final en el pleno del Parlamento una proposición no de ley relacionada con los derechos humanos. Rafael Larreina, portavoz de EA en el debate, justificó la decisión en un intento de evitar que la Cámara quedase dividida por una cuestión como la adhesión a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo cierto es que los grupos que apoyan al Ejecutivo aguardaron hasta el último momento para hacer este movimiento, cuando EHAK ya había anunciado su abstención y socialistas y populares su rechazo. En el mejor de los casos, el bloque formado por el tripartito y Aralar sólo podía empatar con PSE y PP a 33 votos, con lo que la iniciativa hubiese decaído.
El texto no recogía ninguna condena expresa de los atentados de ETA
La proposición del tripartito y Aralar recogía el manifiesto elaborado por la organización Baketik con motivo del 60º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. El texto, firmado entre otros por el escritor Bernardo Atxaga o la ex directora de Emakunde Txaro Arteaga, elude citar a ETA, denuncia la tortura policial y defiende de forma implícita el derecho de autodeterminación. El PNV, EA, EB y Aralar querían que el Parlamento lo suscribiese como una semana antes había hecho el Ejecutivo. Su pretensión chocó con el PSE y el PP, que presentaron textos alternativos. El popular Santiago Abascal recalcó que su partido respalda de manera inequívoca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero rechazó las "interpretaciones que un grupo de ciudadanos" hacen de la misma, en referencia al manifiesto. Abascal ve en ese texto "intenciones oscuras. Juega con la Declaración con el pretexto de su 60º aniversario. No se habla de la violencia de ETA y sí de las torturas de la policía. El problema es de fondo; se pide respeto a la voluntad mayoritaria, como si aquí no se hiciera. Lo que pretenden es un pufo de la Declaración de Derechos Humanos, arrimando el ascua al nacionalismo".
El socialista Jesús Loza mostró su "profundo respeto" por los autores del manifiesto, tras lo que cargó contra el tripartito por apropiarse del texto sin consultar con sus autores para "colar de rondón los derechos colectivos [en referencia al derecho de autodeterminación] que no figuran en la Declaración. No vamos debatir sobre la reflexión de un grupo de ciudadanos. Hay aspectos del manifiesto con los que estamos de acuerdo, pero hay otros que echamos en falta. Por ejemplo, no se puede obviar la condena a ETA".
Loza se mostró apenado por el cariz del debate, con dos bloques de partidos distanciados en una cuestión clave como la defensa de los derechos humanos. Por eso, cuando Larreina anunció la retirada de la propuesta respiró aliviado. En ese mismo instante, el portavoz de EA apeló a todos los grupos para intentar conseguir un acuerdo parlamentario antes de fin de año para apoyar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Socialistas y PP recibieron de buen grado el anuncio y se comprometieron a buscarlo.
Populares y socialistas no han sido los únicos en oponerse. También lo ha hecho el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), que ha acusado al Departamento de Justicia de realizar un tratamiento de los Derechos Humanos "abstracto y vacío de contenido", en alusión al acto que prepara para el martes por el 60º aniversario de la Declaración Universal y que tendrá como base el texto de Baketik.
Los grupos del tripartito, EHAK y Aralar coincidieron para aprobar una iniciativa que rechaza la directiva de retorno de inmigrantes de la UE por considerarla "racista y xenófoba" y anima a las instituciones y partidos vascos a dotarse de "instrumentos" para minimizar las consecencias de su aplicación. El PSE y el PP votaron en contra.
La ley de Vivienda, en noviembre
El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, aseguró ayer en el Parlamento que el próximo mes de noviembre remitirá sin falta a la Cámara el proyecto de ley de Vivienda. Madrazo presentó públicamente el jueves el anteproyecto, que aún no sido aprobado por el Consejo de Gobierno. La intención del consejero es lograr el respaldo de los partidos "de izquierdas" de la oposición para garantizarse así la aprobación en el Parlamento. A ello se dedicará en todo lo que resta del mes de octubre.
"Se trata de un texto muy trabajado y nos gustaría en octubre alcanzar un acuerdo básico con la oposición. A partir de ahí se tramitaría el proyecto de manera urgente" en el Parlamento, lo que acorta a la mitad los plazos ordinarios. Con este diálogo, Madrazo persigue "mejorar el texto" antes de que el Ejecutivo dé el primer paso y lo apruebe, para lo que cuenta con el respaldo de sus dos socios, el PNV y Eusko Alkartasuna.
El consejero detalló así sus intenciones a una pregunta de la parlamentaria de Aralar Aintzane Ezenarro, quien le transmitió su disposición "total" al acuerdo. Pero también le advirtió de que si finalmente no se aprueba la ley "no se podrá achacar al resto de grupos. Si no se aprueba será un fracaso del tripartito".
Madrazo pretende que el consenso con PSE, EHAK y Aralar pase por cuatro pilares. Por una parte, llegar a 35.000 pisos de alquiler protegido en diez años. En segundo lugar, aboga por garantizar el derecho de los vascos a una vivienda en arrendamiento desde el año 2013. Quiere movilizar los pisos vacíos con penalizaciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y, por último, busca vigilar el uso social del parque de pisos públicos. "Hay tiempo suficiente para aprobar la ley", concluyó.
Apoyo a la atención en euskera
El Parlamento respaldó ayer el decreto del Ejecutivo que obliga a medianas y grandes empresas a garantizar la atención en euskera a sus clientes en un plazo de cuatro años y recoge sanciones en caso de incumplimiento. El tripartito contó con los votos de EHAK y Aralar para tumbar las propuestas de PSE y PP, que reclamaban su derogación. El decreto, aprobado el pasado 1 de julio, fija por primera vez obligaciones al sector privado en relación con el euskera, al obligar a los comercios con más de 15 empleados que trabajan de cara al público y las grandes empresas con más de 250 trabajadores a garantizar la atención en euskera.
El tripartito y Aralar defendieron la necesidad de sacar adelante este tipo de decretos para promover el uso de ese idioma y avanzar en el derecho que asiste a los ciudadanos bilingües de poder ser atendidos en las dos lenguas oficiales en la comunidad autónoma. Se trata de una medida de discriminación positiva para apoyar al idioma más débil, en este caso el euskera, coincidieron.
La peneuvista Arantza Aurrekoetxea abogó por trabajar a favor de la lengua vasca "sin prisa, pero sin pausa". Se trata, añadió, de un decreto "ponderado, realista y viable" porque atiende a la realidad sociolingüística de las diferentes comarcas vascas y porque prevé plazos y ayudas para que las empresas se adapten.
El PP incidió en que el decreto transmite la idea de que "aquellos que no sean bilingües estarán en desigualdad de oportunidades a la hora de encontrar trabajo", según su represente Iñaki Oyarzabal. "Están poniendo en riesgo el trabajo de muchos vascos y creando indefensión y desigualdad para el que no sabe euskera". Mientras, el PSE defendió el derecho de las empresas privadas a trabajar en la lengua que deseen.
Archivado En
- VIII Legislatura País Vasco
- Debates parlamentarios autonómicos
- Plenos parlamentarios autonómicos
- Parlamentos autonómicos
- Derechos humanos
- Gobierno Vasco
- Comunidades autónomas
- Gobierno autonómico
- Administración autonómica
- Actividad legislativa
- Política autonómica
- Vivienda
- País Vasco
- Parlamento
- España
- Política
- Urbanismo
- Administración pública
- Sociedad