Más superficie, menos recursos
El aumento espectacular de la superficie de regadío en la agricultura andaluza -sólo en la cuenca del Guadalquivir ha crecido en 400.000 hectáreas en la última década, más de un 60%- ha llevado a las cuencas de la región, en especial la del Guadalquivir y la Mediterránea, a una situación casi insostenible, que se ha traducido en las importantes restricciones para las comunidades que cuentan con concesiones autorizadas.
A eso hay que añadir los años de espera que llevan muchos agricultores para que se les regularice sus concesiones. En la provincia de Jaén, en la cabecera del Guadalquivi...
El aumento espectacular de la superficie de regadío en la agricultura andaluza -sólo en la cuenca del Guadalquivir ha crecido en 400.000 hectáreas en la última década, más de un 60%- ha llevado a las cuencas de la región, en especial la del Guadalquivir y la Mediterránea, a una situación casi insostenible, que se ha traducido en las importantes restricciones para las comunidades que cuentan con concesiones autorizadas.
A eso hay que añadir los años de espera que llevan muchos agricultores para que se les regularice sus concesiones. En la provincia de Jaén, en la cabecera del Guadalquivir, más de 60.000 hectáreas aguardan desde hace años a ser legalizadas.
Todo ello ha servido de caldo de cultivo para que muchos regantes recurran a pozos subterráneos al margen de la ley.
Las hectáreas de regadío han crecido un 60% en una década
"Las administraciones hidráulicas tienen que ser más flexibles y sensibles porque en muchos casos se trata de riegos de emergencia para poder salvar las cosechas", asegura Pedro Parias, secretario de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, Feragua.
Parias admite, no obstante, que los organismos de cuenca tienen que actuar y controlar los posibles daños al dominio público hidráulico, pero también reclama un "trato igualitario" para que no paguen igual los que tienen concesiones reconocidas como aquellos que integran las "bolsas de pozos ilegales".
En esta línea se enmarcan las denuncias de la llamada Plataforma Jaén por el Agua, unos 3.000 comuneros de seis comunidades de la provincia. Este grupo acusa a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) de "utilización política" del agua al entender que se está favoreciendo a otras comunidades en las concesiones para el riego.
"Estamos viviendo una situación feudal donde impera el miedo entre los regantes a denunciar las situaciones de arbitrariedad que se están dando", denunció Rafael Ortiz, presidente de esta plataforma.