157 millones para euskaldunizar y modernizar la justicia en 10 años
El Consejo de Gobierno vasco dio ayer luz verde a los planes y al decreto presentados por el Departamento de Justicia para la modernización de esta administración en Euskadi. En concreto, se invertirán 157 millones de euros durante los próximos diez años, en lo que será la segunda fase de modernización de la Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca.
Dicha fase constará del Plan de Organización de las Oficinas Judiciales, el Plan de Informática y Comunicaciones, el de Normalización Lingüística y el decreto por el que se regula este proceso de normalización.
Desde Justicia se ha des...
El Consejo de Gobierno vasco dio ayer luz verde a los planes y al decreto presentados por el Departamento de Justicia para la modernización de esta administración en Euskadi. En concreto, se invertirán 157 millones de euros durante los próximos diez años, en lo que será la segunda fase de modernización de la Justicia en la Comunidad Autónoma Vasca.
Dicha fase constará del Plan de Organización de las Oficinas Judiciales, el Plan de Informática y Comunicaciones, el de Normalización Lingüística y el decreto por el que se regula este proceso de normalización.
Desde Justicia se ha destacado el consenso alcanzado con todos los operadores sociales y judiciales en torno a los planes aprobados.
Dentro del Plan de Organización de las Oficinas Judiciales se crearán las unidades de apoyo a los jueces, y se asignará la tramitación de los expedientes a los servicios dirigidos por Secretarios Judiciales.
Con el Plan de Informática y Comunicaciones se busca afianzar el portal de información al ciudadano Justizianet, y fomentar el uso de la aplicación JustiziaBat, centrada en la apuesta por el expediente electrónico judicial.
El tercer plan, de Normalización Lingüística, pondrá en marcha programas que abarquen la formación profesional, el impulso del uso del euskera en oficinas judiciales, programas de sensibilización, y el impulso de proyectos de conocimiento y uso del euskera entre abogados y procuradores.
El decreto, por su parte, establece tres ámbitos de actuación: la asignación y acreditación de perfiles lingüísticos, cursos de capacitación lingüística para funcionarios, y programas de utilización del euskera en órganos y servicios judiciales.