Gobierno, TCSA y trabajadores tratan de pactar un mediador

Directivos y representantes de los empleados de TCSA, la compañía que gestiona todas las líneas de Bilbobus y 37 de Bizkaibus, se reunirán hoy con el director de Trabajo vasco, Adolfo González, con el propósito de consensuar un mediador que desbloquee el conflicto que enfrenta a empresa y trabajadores desde el 5 de mayo.

TCSA abandonó la mesa de negociación del convenio colectivo al entender desorbitadas las demandas de sus trabajadores, que pretenden equiparar sus salarios a los de sus colegas vitorianos. Desde el pasado 5 de mayo, los trabajadores han mantenido paros de cuatro horas l...

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Directivos y representantes de los empleados de TCSA, la compañía que gestiona todas las líneas de Bilbobus y 37 de Bizkaibus, se reunirán hoy con el director de Trabajo vasco, Adolfo González, con el propósito de consensuar un mediador que desbloquee el conflicto que enfrenta a empresa y trabajadores desde el 5 de mayo.

TCSA abandonó la mesa de negociación del convenio colectivo al entender desorbitadas las demandas de sus trabajadores, que pretenden equiparar sus salarios a los de sus colegas vitorianos. Desde el pasado 5 de mayo, los trabajadores han mantenido paros de cuatro horas los lunes, miércoles y viernes, así como tres jornadas de huelga de 24 horas. El de ayer fue el primer día en dos semanas en que no se registró ningún sabotaje.

La cita de hoy comenzará a las 11.00 en una sala del Hotel Villa de Bilbao. A la misma sólo acudirán, salvo sorpresa de última hora, representantes del Gobierno, de la empresa y de los trabajadores. Éstos pretendían que responsables de Veolia, la multinacional francesa que asumirá el próximo 1 de agosto la gestión de todas las líneas de Bilbobus, tuvieran también voz en la reunión, pero TCSA se negó en redondo.

En principio, Empleo presentará hoy a la compañía y la plantilla varias candidaturas para la figura de mediador. Si alguno de ellos contase con el beneplácito de las partes enfrentadas, se reunirá con ambas y conocerá sus demandas antes de emitir un dictamen, que no será vinculante. Si alguno de los bandos rechazase esa resolución, el Gobierno vasco podría verse obligado a dictar un laudo de obligado cumplimiento.

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