El campo argentino endurece la huelga
La clase media urbana se suma a la protesta tras el arresto de un líder agrario - El conflicto, generado por la subida de impuestos por decreto, cumple cien días
El fantasma de la violencia se cierne sobre la sociedad argentina después de los graves incidentes acaecidos durante la jornada del sábado, que han llevado a su máxima expresión el enfrentamiento entre el Gobierno y los agricultores, apoyados por las clases medias urbanas, que hoy cumple los cien días de duración. Los cacerolazos, cortes de carreteras, forcejeos y manifestaciones a favor y en contra de la gestión de Cristina Fernández han protagonizado un fin de semana que se preveía, equivocadamente, tranquilo.
Los hechos se desencadenaron cuando la policía argentina, por orden expresa...
El fantasma de la violencia se cierne sobre la sociedad argentina después de los graves incidentes acaecidos durante la jornada del sábado, que han llevado a su máxima expresión el enfrentamiento entre el Gobierno y los agricultores, apoyados por las clases medias urbanas, que hoy cumple los cien días de duración. Los cacerolazos, cortes de carreteras, forcejeos y manifestaciones a favor y en contra de la gestión de Cristina Fernández han protagonizado un fin de semana que se preveía, equivocadamente, tranquilo.
El estilo autoritario del Gobierno de Fernández irrita aún más a la gente
Los hechos se desencadenaron cuando la policía argentina, por orden expresa del Gobierno, procedió a levantar un bloqueo situado en Gualeguaychú, a unos 200 kilómetros de Buenos Aires. Se trata de un corte de carretera liderado por Alfredo de Angeli, un líder rural que ha alcanzado una gran notoriedad durante el desarrollo del conflicto, surgido a raíz del aumento del 35% al 47% del impuesto de retenciones a la exportación de granos, el pasado 19 de marzo.
Durante la actuación policial, retransmitida en directo por la televisión, De Angeli y otras 18 personas fueron detenidas, lo que provocó que miles de personas se lanzaran a carreteras y calles en todo el país protestando contra Cristina Fernández. El Gobierno justificó las detenciones por la violación de dos artículos del Código Penal: impedir el libre tránsito y resistencia a la autoridad. Pero el argumento ha exacerbado aún más los ánimos, porque el Gobierno ha permitido constantes bloqueos durante cuatro años y, de hecho, sigue permitiendo que un piquete cierre desde hace año y medio la frontera con Uruguay, a pocos kilómetros del lugar donde fue detenido De Angeli.
En los bloqueos de carreteras se concentraron miles de personas que entre gritos de "¡A Buenos Aires! ¡A Buenos Aires!" exigían la liberación de los detenidos. La protesta se extendió a las ciudades y en Buenos Aires volvió a escucharse el ruido de cacerolas en numerosos barrios, incluyendo en la emblemática plaza de Mayo. Cientos de personas se congregaron a las puertas de la residencia presidencial de Olivos, a las afueras de la capital federal, gritando consignas contra la presidenta y su marido, Néstor Kirchner.
A medida que pasan las semanas, la protesta ha trascendido la reivindicación económica. El presidente de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi, denunció la manera de gobernar de Cristina Fernández. "El Congreso es sólo una notaría que simplemente constata lo que ha dicho el Gobierno", subrayó. Los huelguistas denuncian además el exceso de decretos de emergencia y los polémicos "superpoderes" de los que se ha dotado la Presidencia de la República en menoscabo del Parlamento. En Buenos Aires, los vecinos exigían que se cumpliera la Constitución. "Los Kirchner gobiernan en estado de emergencia cuando no lo hay", denunció el diputado opositor Francisco de Narváez. Por su parte, Elisa Carrió, líder del principal partido opositor, pidió "la retirada de todas las fuerzas de seguridad en todo el país".
Reunidos en la residencia presidencial, Fernández, Kirchner y varios ministros y asesores decidieron a primera hora de la tarde una doble estrategia. Por un lado, dos de los principales ministros salieron a explicar en público por qué se había detenido a los huelguistas, y a recordar que el sistema de retenciones a las exportaciones está recogido en el artículo 4 de la Constitución. Es decir, el Gobierno argentino no dará marcha atrás porque su actuación es legítima.
En paralelo, Néstor Kirchner, en su papel de presidente del Partido Justicialista (PJ), ordenó una movilización de sus cuadros para "recuperar" la plaza de Mayo, cosa que sucedió horas más tarde con escasos conatos de violencia. Al lugar acudieron entonces ministros del Gobierno, líderes piqueteros oficialistas y Madres de Plaza de Mayo de la línea que apoya a los Kirchner.
Para entonces, De Angeli y sus compañeros ya habían sido puestos en libertad, pero se mantenía la protesta frente a la residencia de la presidenta. Entonces, por orden del polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno, un centenar de jóvenes, algunos armados con palos, se trasladaron desde la plaza de Mayo a Olivos, donde desalojaron violentamente a los opositores mientras entonaban la marcha peronista. Como empieza a ser habitual, la policía antidisturbios liberó la zona previamente.
Los productores agropecuarios, que se encontraban divididos sobre su estrategia, acordaron ayer proseguir la huelga y llamaron a una jornada de protesta pasado mañana, aunque evitaron hablar de huelga general. Todavía.
La popularidad de Fernández se hunde
La imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández se sitúa en el 24,4%, casi 30 puntos menos que la que tenía al comenzar su Gobierno en diciembre pasado, según una encuesta divulgada ayer por la Universidad Abierta Interamericana. Un 27,9% de los encuestados calificó de regular la imagen de la presidenta y el 21,4%, de mala. El 82,7% indicó que el conflicto con el campo no se resolverá con el plan de obras públicas anunciado el lunes pasado por Fernández, que se financiará con el dinero recaudado por el incremento de los impuestos a la exportación de granos, cuya subida originó la protesta. El 32,6% incluso consideró "nada probable" que esos recursos se destinen a la construcción de escuelas y hospitales, como prometió el Gobierno.