La comisión del fraude de Irún abre el turno a los políticos
La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investiga las supuestas responsabilidades políticas derivadas del fraude cometido en la Hacienda de Irún estrenará el próximo viernes el turno de comparecencias reservado a los cargos políticos que estuvieron al frente del departamento de finanzas desde 1991. El primero en comparecer será el ex director de Hacienda Iñaki Rica, bajo cuyo mandato se descubrieron en una auditoría interna las graves anomalías en la oficina tributaria, donde una trama supuestamente dirigida por José María Bravo estafó 8,1 millones de euros al erario público.
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La comisión de las Juntas Generales de Guipúzcoa que investiga las supuestas responsabilidades políticas derivadas del fraude cometido en la Hacienda de Irún estrenará el próximo viernes el turno de comparecencias reservado a los cargos políticos que estuvieron al frente del departamento de finanzas desde 1991. El primero en comparecer será el ex director de Hacienda Iñaki Rica, bajo cuyo mandato se descubrieron en una auditoría interna las graves anomalías en la oficina tributaria, donde una trama supuestamente dirigida por José María Bravo estafó 8,1 millones de euros al erario público.
La comisión de investigación, creada en noviembre pasado, ha recibido hasta ahora a técnicos de las unidades de recaudación, auditoría, coordinación de oficinas tributarias del departamento de Hacienda. Tras la declaración de Rica, se citará a su antecesor, Víctor Bravo, ex senador del PNV y hermano del principal imputado, así como a los diputados de Hacienda y a los diputados generales.
En el procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, su titular Aranzazu Brizuela, ha decidido mantener en prisión a José María Bravo al considerar que todavía persiste un "indudable" riesgo de fuga. Bravo permanece en prisión desde julio del año pasado.
La juez ha desestimado la petición de la defensa de dejar en libertad provisional a Bravo. Es la tercera vez que se deniega su excarcelación. En un auto fechado el pasado sábado, argumenta que el imputado puede sustraerse a la acción de la Justicia por "la gravedad de los hechos y la importancia de las penas que en su día pudieran imponérsele".
La instructora del caso tampoco admite la "buena voluntad" que alega la defensa de Bravo, porque no ha restituido cantidad alguna de la supuestamente apropiada.