El juez reduce la fianza a un empresario del 'caso Malaya'
El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Oscar Pérez, ha reducido la fianza impuesta al empresario granadino Tomás Olivo para eludir la prisión por el caso Malaya de 500.000 euros a 150.000 euros. Olivo está procesado por cohecho y blanqueo de capitales.
El empresario, propietario del mayor centro comercial de Marbella, fue detenido en la segunda fase de la operación y quedó en libertad tras pagar medio millón de euros. El principal instructor del caso, el magistrado Miguel Ángel Torres incluye a Olivo en el auto de procesamiento junto con otras 86 personas.
El magis...
El juez de Instrucción número 5 de Marbella (Málaga), Oscar Pérez, ha reducido la fianza impuesta al empresario granadino Tomás Olivo para eludir la prisión por el caso Malaya de 500.000 euros a 150.000 euros. Olivo está procesado por cohecho y blanqueo de capitales.
El empresario, propietario del mayor centro comercial de Marbella, fue detenido en la segunda fase de la operación y quedó en libertad tras pagar medio millón de euros. El principal instructor del caso, el magistrado Miguel Ángel Torres incluye a Olivo en el auto de procesamiento junto con otras 86 personas.
El magistrado Pérez no ha revocado el auto de Torres, sino que ha modificado la situación procesal de Olivo después de estudiar un escrito de alegaciones de su defensa.
El Tribunal Constitucional tiene admitidos a trámite dos recursos de amparo presentados por la prórroga de la detención de Olivo y el auto de prisión que dictó Torres.
El empresario ha declarado que no tiene "ninguna relación" con el ex asesor urbanístico y presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca, "ni con ningún otro imputado" en la causa. Según Olivo, su imputación se debe sólo a que compró un edificio en Marbella que pagó "con cheques bancarios".
Barrantes declara
El ex secretario municipal de Marbella Leopoldo Barrantes negó ayer ante el juez Óscar Pérez "toda intervención" en la redacción y firma de una certificación de una comisión de gobierno celebrada en enero de 2003.
Barrantes declaró como imputado por falsedad en documento público dentro de la instrucción de una pieza separada del caso Malaya relativa a dos operaciones urbanísticas y en la que también están imputados los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, además de Roca.
El instructor se interesó por la falta de coincidencia entre una certificación que supuestamente había hecho Barrantes con el acta de celebración de la comisión de gobierno. Barrantes mantuvo que no era una certificación sino una comunicación hecha al interventor.
La comparecencia del ex secretario municipal duró apenas 15 minutos. A la salida afirmó que la idea de construir un campo de fútbol en la parcela Francisco Norte,cuya operación urbanística se investiga, fue idea del ex alcalde Jesús Gil, ya fallecido.