Maestros y entidades sin afán de lucro podrán gestionar escuelas públicas
La primera ley educativa de la Generalitat buscará reducir el fracaso escolar
Revolución en el mundo de la educación. El documento de bases de la Generalitat sobre la primera ley educativa que prepara el Departamento de Educación abre la puerta a que los centros que son de su propiedad puedan ser gestionados por equipos de docentes y entidades sin ánimo de lucro.
La gestión privada de centros públicos "se ha demostrado viable en otros países", asegura Educación en las bases de la futura ley. La gestión privada busca romper la dualidad entre las dos opciones de la enseñanza pagada con fondos públicos: los centros de la Administración y los concertados. A las entid...
Revolución en el mundo de la educación. El documento de bases de la Generalitat sobre la primera ley educativa que prepara el Departamento de Educación abre la puerta a que los centros que son de su propiedad puedan ser gestionados por equipos de docentes y entidades sin ánimo de lucro.
La gestión privada de centros públicos "se ha demostrado viable en otros países", asegura Educación en las bases de la futura ley. La gestión privada busca romper la dualidad entre las dos opciones de la enseñanza pagada con fondos públicos: los centros de la Administración y los concertados. A las entidades sin afán de lucro y a las cooperativas de docentes se les exigirá un "proyecto de centro definido" y que "puedan ponerlo en práctica asumiendo la responsabilidad de gestión de un patrimonio público", recalca el documento.
Resultados no aceptables
El diagnóstico sobre el nivel educativo que hace el documento es directo: "Los resultados no son aceptables". Y autocrítico cuando apuesta por "la necesidad de una rectificación orientada a aprobar la asignatura pendiente de la disminución drástica del fracaso escolar". Existen centros públicos en los que la tasa de fracaso escolar (jóvenes de 16 años que no logran acabar la ESO) roza el 40% y, en cambio, en otros apenas está en el 20%. La media de quienes no acaban la ESO roza el 30%.
El documento de bases de la futura ley recoge las competencias del Estatuto y del Pacto Nacional por la Educación. Sus grandes pilares son los que anunció la semana pasada el consejero Ernest Maragall: los centros serán los principales encargados de revertir la situación. Y el remedio para mejorar los resultados escolares pasan por darles más competencias. Se quiere romper el corsé de la uniformidad y se introducen dosis de autonomía en los centros, competencias sobre horarios y materias. El actual marco es "excesivamente uniformizador y deja poco margen de decisión a los equipos directivos y pedagógicos", dice el documento de bases de la futura ley. Ésta recogerá el adelanto de la escolarización obligatoria desde los seis a los tres años.
Otro punto de refuerzo de la autonomía de los centros es consagrar en la ley algo que ya hacen muchas escuelas: organizar parte del tiempo dedicado a las materias. Ya ocurre con la sexta hora de clase no lectiva. Los centros también podrán indicar qué tipo de profesores necesitan, para que se adapten a sus necesidades.
Otras medidas que plantea el departamento para incluir en la futura ley son: Agrupar centros de distintos niveles en una única dirección como entidades únicas con un proyecto educativo común. Sobre la inmigración, dar estímulos a los privados concertados para que acojan inmigrantes para que contribuyan a acoger inmigrantes.
Planes y dirección fuerte
Se potenciarán las direcciones "con capacidad de tomar decisiones", se reforzará la formación y las prácticas de los profesores, que, además, serán evaluados. Los docentes deberán acreditar conocer un idioma extranjero.
Cada escuela e instituto deberá tener un "proyecto de centro" que recoja los rasgos de su acción educativa. Ahora ya lo tienen pero la novedad es que deberá explicitar los resultados esperados en forma de indicadores evaluables, es decir, objetivos concretos que puedan medirse. Ya hay más de un centenar de institutos que tienen un plan para mejorar sus resultados a cambio de ayudas económicas no retornables en caso de no lograr las metas fijadas.