De estudiantes 'sin papeles' a trabajadores legales y cualificados

El acceso de inmigrantes a la Formación de Adultos aceleró cambios jurídicos

"Las mujeres chinas, dedicadas prioritariamente a la hostelería, pueden asistir a clase entre las 16 horas y las 18 horas; las senegalesas, dedicadas al comercio en el mercado, después de las 15 horas; las magrebíes, dedicadas en su mayor parte a las tareas domésticas; a partir de las 17 horas...". Y así, hasta lograr cuadrar una franja horaria para estudiar que "respete los horarios laborales" de los distintos grupos que integran un aula de adultos, procedentes de una treintena de países de los cinco continentes, con sus diferencias de estatus jurídico y económico.

Ésta fue la p...

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"Las mujeres chinas, dedicadas prioritariamente a la hostelería, pueden asistir a clase entre las 16 horas y las 18 horas; las senegalesas, dedicadas al comercio en el mercado, después de las 15 horas; las magrebíes, dedicadas en su mayor parte a las tareas domésticas; a partir de las 17 horas...". Y así, hasta lograr cuadrar una franja horaria para estudiar que "respete los horarios laborales" de los distintos grupos que integran un aula de adultos, procedentes de una treintena de países de los cinco continentes, con sus diferencias de estatus jurídico y económico.

Los centros de FPA forzaron al Consell a legalizar las clases de 'irregulares' en 1999

Ésta fue la primera tarea -más que compleja- que tuvo que abordar el curso 1998-1999 el Centro de Formación de Personal Adultas Vicent Ventura, impulsado hace ya 12 años por CC OO, al amparo de la Ley de Formación de Personas Adultas (FPA) aprobada por las Cortes en 1995. "Un año en el que", como recuerda el director, Francisco López, "el centro vivió un gran salto, pasando de 15 alumnas extranjeras a 221 adultos procedentes, en su mayoría, de países del Este de Europa". Los "nuevos alumnos" -canalizados por el Centro de Acogida de Refugiados de Mislata y ONG como Valencia Acoge- eran fundamentalmente "mujeres con un bajo nivel de formación y graves dificultades de lecto-escritura".

"El aumento vertiginoso de inmigrantes hacia nuestro país, con el consiguiente incremento de la demanda de clases de español, hizo que la confederación estatal integrara el proyecto a la iniciativa europea Integra", sostienen Teresa Hermoso y José Beltrán Llavador de la Universitat de València y autores del estudio Nosotros como los otros.

Al estar sujeto a normativa europea de formación, el centro se enfrentó a nuevos retos de "carácter organizativo y burocrático", explican. "De hecho, mientras la normativa exigía que un 75% de los estudiantes fueran legales, la realidad demostraba que la mayor parte eran sin papeles, lo que dificultaba la evaluación externa de la formación, para lo cual había que lograr la regularidad de la asistencia a las clases", apuntan. Este contexto forzó que el centro -y la coordinadora de centros de FPA de Valencia- instaran a la Generalitat a legalizar "el acceso a la formación de los inmigrantes" mediante el decreto 220/99.

La iniciativa europea aportó, pues, al centro otra visión. Logró, además de abrirse a las actividades de Formación Profesional y la incorporación de profesorado específico, revertir una situación dramática: la inserción profesional de los inmigrantes. Y con ello, el reto de pasar de estudiantes sin papeles, a trabajadores legales y cualificados.

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El año de la extranjería

"España recibió en 2001 el 24% de las inmigraciones netas con destino a Europa. Es decir, que 5 de cada 6 nuevos habitantes de la Península fueron inmigrantes. Lo que supuso 250.000 extranjeros más. En el País Valenciano, entre 1998 y 2001 se instalaron 81.879 personas, siendo con Madrid y Barcelona, la mayor receptora", como señalan Teresa Hermoso y José Beltrán en su estudio. "El aumento de la demanda de aprendizaje de la lengua, de acceso a la vivienda y de inserción laboral -junto a una incipiente xenofobia- propiciaban una rivalidad en el mercado laboral más precario, que podía derivar a corto plazo en exclusión social". Y, para colmo, 2000 fue "el año de las leyes de extranjería, con la derogación la Ley 7/85, la aprobación de la Ley 4/2000 y su derogación, y la aprobación de la Ley 8/2000". Tres en un año. "Eso generó una avalancha de demandas de certificaciones por parte del alumnado inmigrante, para acreditar su estancia en España". Esto forzó al Centre Vicent Ventura y la Coordinadora de centros de FPA de Valencia a articular una red de formación que facilitara "la movilidad del alumnado" en función de sus necesidades.

"Cuando acabe la guerra"

Fátima, mujer saharaui separada de su marido y con seis hijos, vive en una familia de acogida con dos de sus hijos. Otros dos están en otras familias adoptivas; una hija en Libia y la pequeña en el Sáhara con la abuela. Fátima (nombre ficticio) es un caso de "refugiado político" que, pese a la "diáspora familiar", sólo piensa en volver. Este anhelo, "en su primera fase de aprendizaje, puede generarle cierta distancia a la hora de implicarse", apuntan los profesores de la Universitat, Teresa Villalba y José Beltrán, autores del estudio sobre la evolución del alumnado sin papeles del Centre Vicent Ventura. "En mi país ahora no tenemos paz... problema con guerra Marruecos. Aquí estudio español, Informática", dice en su parco español, "en clase amigos, pero fuera no relación. Quiero estudio bien español para trabajar. Cuando acabe guerra, quiero volver".

A Julitta, una mujer separada de 50 años y con una hija y una nieta en Polonia, le gusta "bailar y las fiestas". Trabaja en el servicio doméstico "por poco dinero". Y es consciente de "la importancia de aprender castellano. No había estudiado antes en Polonia. Era cocinera. Ahora quiero estudiar enfermera".

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