Retenidos en Chad

El Gobierno francés ha sido el primero en cuestionar la operación de la ONG El Arca de Zoé para trasladar a Europa a un centenar de niños africanos, supuestamente huérfanos y cuya vida se hallaría en peligro. Bajo la presumible coartada de una acción humanitaria, la organización francesa podría haber perseguido unos objetivos diferentes de los que alegó ante las autoridades de su propio país y las de Chad. Ninguna consideración sobre el régimen político del país africano puede servir de justificación para que una iniciativa de estas características no se ajuste a la ley, y corresponde en cualq...

El Gobierno francés ha sido el primero en cuestionar la operación de la ONG El Arca de Zoé para trasladar a Europa a un centenar de niños africanos, supuestamente huérfanos y cuya vida se hallaría en peligro. Bajo la presumible coartada de una acción humanitaria, la organización francesa podría haber perseguido unos objetivos diferentes de los que alegó ante las autoridades de su propio país y las de Chad. Ninguna consideración sobre el régimen político del país africano puede servir de justificación para que una iniciativa de estas características no se ajuste a la ley, y corresponde en cualquier caso a la justicia determinar si sus promotores han incurrido en responsabilidades y de qué naturaleza. Si los tribunales encargados de entender en este asunto fueran los de Chad, Francia estaría legitimada para reclamar que los procesos respeten las mismas garantías que un sistema democrático y para proteger jurídicamente a sus ciudadanos.

La compañía española de vuelos chárter Girjet se ha visto envuelta en este asunto de manera incidental: hasta donde se conoce, se limitó a aceptar la prestación de un servicio. Las autoridades de Chad no pueden vulnerar la presunción de inocencia de la tripulación, y están obligadas a facilitar el acceso del cónsul español a los pilotos y auxiliares de vuelo retenidos. Las familias de éstos se han sentido desamparadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores español, y ese sentimiento es suficiente para que el titular del departamento, Miguel Ángel Moratinos, dé explicaciones sobre las gestiones realizadas. Los ciudadanos españoles tienen derecho a una protección consular eficaz aun en el supuesto de que sean culpables de un delito; mucho más cuando, como en este caso, las autoridades de Chad tienen retenidas a siete personas desde el pasado jueves y no han mostrado ninguna prueba que comprometa su inocencia.

Existen aún demasiados puntos confusos que deberían aclararse, empezando por el principal: el origen de los niños, posibilitando la devolución a sus familias. La actuación poco acorde a las normas consulares por parte de Chad no exime de la necesidad de extremar los controles legales, tanto nacionales como internacionales, en iniciativas que, como ésta, afectan a menores.