Fianza de 400.000 euros para que los dueños de Urbancasa eviten la cárcel
La juez estima en un mínimo de 700.000 euros el importe de la estafa
Los propietarios de la inmobiliaria Urbancasa, Angel Crespo y Maria Victoria Ferrer, detenidos el martes en Tarragona tras llevar huidos de San Sebastián cuatro meses, podrán salir de la cárcel de Martutene si depositan una fianza de 200.000 euros cada uno. La juez de San Sebastián que lleva el caso decretó ayer prisión preventiva para los dos acusados de sendos delitos de apropiación indebida y estafa continuada desde 2004, que se negaron a declarar.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 basa su decisión en la "elevada pena" a la que se enfrentan, el valor de lo defraudado a l...
Los propietarios de la inmobiliaria Urbancasa, Angel Crespo y Maria Victoria Ferrer, detenidos el martes en Tarragona tras llevar huidos de San Sebastián cuatro meses, podrán salir de la cárcel de Martutene si depositan una fianza de 200.000 euros cada uno. La juez de San Sebastián que lleva el caso decretó ayer prisión preventiva para los dos acusados de sendos delitos de apropiación indebida y estafa continuada desde 2004, que se negaron a declarar.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 basa su decisión en la "elevada pena" a la que se enfrentan, el valor de lo defraudado a las quince personas denunciantes -alcanza los 699.500 euros por ahora-, así como la "situación económica en que han dejado a la mayoría de los perjudicados". Así mismo, la juez argumenta el riesgo de fuga de la pareja, la posibilidad de que si quedan en libertad puedan ocultar, alterar o destruir pruebas para obstruir la acción de la Justicia y la alarma social que provoca este tipo de hechos.
Los propietarios de Urbancasa, según relata el auto, ofertaban viviendas de recreo en la zona baja de Navarra -en concreto, en las localidades de Tulebras, Dicastillo y Caparroso-, que interesaron a varios compradores, la mayoría de Guipúzcoa. Éstos suscribieron documentos de reserva de contrato de compra-venta tras desembolsar entre 9.000 y 12.000 euros, incluso más, según los casos. Los contratos fijaban los plazos para firmar las escrituras ante notario, pero al producirse grandes retrasos los afectados denunciaron el incumplimiento.