La situación de Marbella

Más de seis mil alegaciones obligarán a la Junta a cambiar el PGOU de Marbella

La alcaldesa pide al Gobierno andaluz que acepte las modificaciones de su equipo municipal

El plazo de alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella terminó ayer con 6.000 documentos de queja, la mayoría de propietarios de las 18.000 viviendas ilegales a los que el documento reclama que aporten terrenos para zonas verdes y equipamientos a cambio de legalizarlas. La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) se congratuló de la participación ciudadana y aseguró que sus alegaciones servirán para mejorarlo. "Ahora toca gestionar el Plan y el ayuntamiento tendrá que tomar muchas decisiones al respecto", mantuvo.

Con estos documentos como base, el equipo de Muñoz int...

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El plazo de alegaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella terminó ayer con 6.000 documentos de queja, la mayoría de propietarios de las 18.000 viviendas ilegales a los que el documento reclama que aporten terrenos para zonas verdes y equipamientos a cambio de legalizarlas. La alcaldesa Ángeles Muñoz (PP) se congratuló de la participación ciudadana y aseguró que sus alegaciones servirán para mejorarlo. "Ahora toca gestionar el Plan y el ayuntamiento tendrá que tomar muchas decisiones al respecto", mantuvo.

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Con estos documentos como base, el equipo de Muñoz introducirá una serie de cambios que deben ser ratificados por la Junta de Andalucía para que el PGOU salga adelante, algo por lo que lucha insistentemente la alcaldesa. "La gente tiene que saber que sin este documento no hay normalidad, ni seguridad jurídica", añadió Muñoz.

La alcaldesa apeló a la normalidad institucional para que la Junta de Andalucía escuche y apruebe las propuestas de su gobierno. "Creo que el PGOU que se apruebe estará mejorado y será más consciente de la realidad de Marbella", explicaba.

El Ayuntamiento de Marbella abrió el plazo de alegaciones el pasado 20 de agosto, pero no se han comenzado a recibir estos documentos de forma masiva hasta los últimos cuatro días. Las 6.000 alegaciones de ayer duplican las expectativas iniciales, que preveían poco más de 3.000. Las quejas se han tramitado en cuatro dependencias municipales repartidas por diferentes núcleos de población, pero el lugar al que más han acudido los vecinos ha sido al Ayuntamiento de Marbella. El jueves fue el día en el que más alegaciones se inscribieron, aunque ayer, por ser el último día, los funcionarios del Consistorio no tuvieron un minuto de descanso. A pesar de que el turno llegaba rápido, las colas fueron permanentes. Detrás del mostrador se amontaban las quejas. "Sólo por correo, nos han llegado más de 1.000 en un día", mantenía un funcionario. Isabel, otra empleada municipal desplazaba como refuerzo mantenía que no había visto tanta afluencia de público, desde el proceso de regularización que emprendió el Gobierno hace dos años. "Los vecinos no vienen enfadados, como podría pensarse, sino con una sonrisa. En cuestión de un minuto se da curso a los documentos, aunque si traen muchas alegaciones se tarda más", afirmaba.

En la cola todo iba bien, hasta que se preguntaba el motivo de las alegaciones. Las quejas por el sistema de compensaciones ganaban la partida, aunque también había numerosos afectados por el uso que el Plan General dará a diversos polígonos industriales, en los que está previsto un uso residencial y comercial. "Va a haber 50.000 afectados [las familias de las 18.000 viviendas ilegales] que tendrán que rascarse el bolsillo para regularizar sus viviendas y en muchos de los casos ni siquiera podrán legalizarlas porque el fin es el derribo", explicaba José Ortiz, portavoz de la Plataforma de afectados por el PGOU. "Las alegaciones son importantes porque el PGOU es un documento subjetivo, puede haber diez planes iguales de buenos. Si se hacen en gran número indican que algo está mal y que el pueblo de Marbella no está de acuerdo", añadía.Junto a él, numerosos representantes de colectivos vecinales y concejales contemplaban el desarrollo de la jornada o presentaban sus propias alegaciones. El concejal de IU, Enrique Monterroso, presentó nueve quejas entre las que destacó el problema de las compensaciones.

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Vecinos de Marbella guardaban ayer cola en la sede del Ayuntamiento para presentar alegaciones al PGOU.JULIÁN ROJAS

Tres ejemplos

1.- DEMOLICIÓN. Ana Rodríguez, propietaria de un apartamento en la urbanización Banana Beach, ha alegado contra la posible demolición de su vivienda. Ana tiene una hija pequeña y estuvo compartiendo piso varios años para poder pagar la hipoteca de la casa. Se queja de que en el Registro de la Propiedad nadie le indicó que la vivienda podía ser ilegal y de que incluso le concedieron una hipoteca en el BBVA sin alertarla. "En este caso ha habido negligencia por parte de todo el mundo y encima nos ponen a nosotros como cabeza de turco", explica. Se extraña de que el Plan General prevea viviendas a ambos lados de su urbanización y que sus redactores hayan decidido que la construcción de su propiedad no encaja en el proyecto. "Estamos pasándolo realmente mal, tengo vecinos con depresión, ansiedad", mantiene indignada.

2.- ZONA VERDE. Diego Rubio presentó ayer por segunda vez alegaciones contra el PGOU de Marbella. "Me han mandado de mi empresa, pero yo ya he estado tramitando las de mi casa", señalaba. Compró una vivienda en la Urbanización Rosamar, situada en el núcleo marbellí de San Pedro Alcántara. "A la hora de escriturar nadie vio nada raro, el notario le dio el visto bueno a todo", rememora. Con la aprobación del Plan General ha descubierto que tanto él, como sus 60 vecinos, vive encima de un terreno en el que estaba prevista una zona verde. Para legalizar su casa, la comunidad tiene que aportar unos terrenos. "El que ha recogido el dinero ha sido el promotor y quien ha cobrado por la licencia el Ayuntamiento, ellos son quienes tienen que responder", afirma. Todavía está pagando la hipoteca.

3.- POLÍGONO. Unos 20 empresarios del polígono La Ermita tienen sus negocios en un suelo que el Plan General prevé para equipamientos deportivos. "Me van a quitar el pan de cada día, un negocio que tenía desde hace 20 años", comenta indignada la propietaria de una de las naves. Dieciséis de ellos se han unido y han contratado un despacho de abogados. La solución propuesta por el Plan pasa por expropiarles los terrenos.

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