Consumo expedienta a nueve firmas por el cobro de SMS no deseados
El importe de la sanción puede alcanzar los 65.000 euros
El Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha abierto siete expedientes sancionadores, que pueden sumar 65.000 euros de multa, contra dos operadoras de telefonía móvil y siete empresas de contenidos por facturación indebida a clientes de los mensajes de móvil (SMS) que les envía un tercero sin haber sido solicitados. La Dirección de Consumo pidió en abril a las compañías que cesaran en esta práctica.
Consumo exigió también la devolución del dinero que se había cobrado por este sistema, que llegó a alcanzar en algunos casos los mil euros. Las empresas de contenidos, bien de gestión...
El Departamento de Industria, Comercio y Turismo ha abierto siete expedientes sancionadores, que pueden sumar 65.000 euros de multa, contra dos operadoras de telefonía móvil y siete empresas de contenidos por facturación indebida a clientes de los mensajes de móvil (SMS) que les envía un tercero sin haber sido solicitados. La Dirección de Consumo pidió en abril a las compañías que cesaran en esta práctica.
Consumo exigió también la devolución del dinero que se había cobrado por este sistema, que llegó a alcanzar en algunos casos los mil euros. Las empresas de contenidos, bien de gestión de datos o de publicidad, activan el sistema cuando el usuario envía con su móvil un mensaje corto, por ejemplo, para participar en un concurso o descargar melodías en respuesta a un anuncio publicitario.
Con esta respuesta el usuario se inscribe sin saberlo en un servicio de mensajes por el que tiene que pagar un precio sin haber dado su consentimiento.La facilidad para darse de alta contrasta con la dificultad que encuentran los afectados para solicitar la baja, cuando se dan cuenta de que se les están cargando en su factura unos servicios no solicitados.
La Dirección de Consumo se puso en contacto con las empresas para que acreditasen la relación contractual en virtud de la cual facturaban los servicios de envío de SMS. En ninguno de los casos, sin embargo, se aportó prueba alguna de la existencia de un contrato con el usuario ni la de una publicidad que advirtiese de las repercusiones de enviar el primer mensaje.
Consumo considera, por tanto, que "se vulnera de forma sistemática" el deber de información previa a la celebración de un contrato, así como la obligación de confirmar documentalmente la aceptación del mismo. Añade que "queda claro que las personas afectadas no sabían que iban a ser dadas de alta en los mencionados servicios y, sobre todo, que no habían consentido en ello".
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