Los forestales llevan a Bruselas su protesta contra la ley de Aguirre

Representantes sindicales de los agentes forestales madrileños denunciaron ayer en el Parlamento Europeo la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor a finales del pasado julio, porque a su juicio viola las leyes ambientales de la Unión Europea.

En concreto, se quejan del párrafo de la ley que obliga a los agentes a obtener autorización judicial para acceder a las fincas privadas, excepto en los casos de incendios forestales. Los guardas forestales sostienen que esta nueva obligación supondría que el 73% de los terrenos de la región quedarían exentos de inspe...

Representantes sindicales de los agentes forestales madrileños denunciaron ayer en el Parlamento Europeo la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid, que entró en vigor a finales del pasado julio, porque a su juicio viola las leyes ambientales de la Unión Europea.

En concreto, se quejan del párrafo de la ley que obliga a los agentes a obtener autorización judicial para acceder a las fincas privadas, excepto en los casos de incendios forestales. Los guardas forestales sostienen que esta nueva obligación supondría que el 73% de los terrenos de la región quedarían exentos de inspecciones forestales sin autorización previa por ser de titularidad privada. Explican además en el documento entregado a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que el retraso que supone la solicitud de una autorización les impedirá controlar de manera efectiva el cumplimiento de la normativa urbanística y la relativa a los espacios protegidos, entre otras.

Miguel Ángel Hontoria, secretario general de UGT de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, indicó que hay que atribuir a los guardas forestales el 80% de las denuncias relacionadas con los abusos urbanísticos en fincas privadas y que la nueva ley supondría la impunidad para este tipo de delitos.

El eurodiputado socialista Carlos Carnero apoyó la iniciativa de los guardas al estimar que la legislación recientemente aprobada en la Comunidad de Madrid "es contraria al derecho español y comunitario", y consideró que la ley en cuestión "es propia de los Kaczynski y no de un Gobierno de nuestro país", en alusión al Gobierno conservador polaco que dirigen los gemelos Kaczynski.

Carnero confió en que el pleno del Parlamento Europeo se ocupe de este caso el próximo enero. El eurodiputado se ha dirigido a la Comisión Europea a través de una pregunta parlamentaria para que el Ejecutivo comunitario examine la supuesta ilegalidad de la norma y su posible colisión con el derecho medioambiental comunitario.