"Es muy extraño que nadie supiese nada del fraude fiscal durante 10 años"
El proceso penal abierto por el presunto fraude fiscal de Irún se reanudará la próxima semana en los juzgados de esta localidad con la toma de declaración como testigos de más contribuyentes que supuestamente pagaron sumas de dinero a José María Bravo, ex director de la oficina tributaria irunesa, para saldar sus deudas con el fisco.
El abogado Fernando Argote, quien ejerce una de las acusaciones populares en esta causa, presentó ayer un escrito ante la juez en el que solicita que se tome declaración como imputado a Juan Pardo San Gil, coordinador de oficinas tributarias cuando se produ...
El proceso penal abierto por el presunto fraude fiscal de Irún se reanudará la próxima semana en los juzgados de esta localidad con la toma de declaración como testigos de más contribuyentes que supuestamente pagaron sumas de dinero a José María Bravo, ex director de la oficina tributaria irunesa, para saldar sus deudas con el fisco.
El abogado Fernando Argote, quien ejerce una de las acusaciones populares en esta causa, presentó ayer un escrito ante la juez en el que solicita que se tome declaración como imputado a Juan Pardo San Gil, coordinador de oficinas tributarias cuando se produjeron los supuestos hechos delictivos. Basa su petición en que un testigo reconoció haberse beneficiado del levantamiento de un embargo, lo que, en opinión de Argote, "demuestra la participación en los hechos del entonces coordinador de oficinas tributarias".
"Se van a poner al descubierto sistemas de control en la Hacienda que no conviene hacer públicos"
"Hay que compaginar el derecho a la información con el carácter secreto de la comisión"
Una acusación popular pide que declare como imputado el ex coordinador de oficinas tributarias de Hacienda
Las diligencias judiciales se sucederán desde este momento en paralelo a los trabajos de una comisión especial de las Juntas Generales que investigará las responsabilidades políticas por el supuesto fraude. Esta comisión se constituyó ayer y fue elegido su presidente, el juntero socialista Julio Astudillo (San Sebastián, 1956), quien recibió el apoyo de su partido, EB, Aralar y los grupos que forman el Gobierno foral (PNV y EA). El otro candidato, Juan Carlos Cano, del PP, sólo tuvo el voto de su grupo.
Pregunta. ¿Cuál va a ser la misión principal de la comisión?
Respuesta. La sociedad guipuzcoana nos ha dado el mandato de esclarecer lo que ha pasado en la Hacienda de Irún. La Hacienda es la sala de máquinas del autogobierno y, al parecer, han ocurrido hechos muy graves durante mucho tiempo. Es muy extraño que nadie supiera nada de lo que estaba sucediendo durante 10 años. Algo ha fallado también desde el punto de vista político.
P. ¿Bastarán seis meses para llegar al fondo de la cuestión?
R. El plazo es amplio para llegar a conclusiones. En todo caso, entiendo que si el pleno ha podido constituir la comisión, también debería ampliarlo si ello es necesario.
P. ¿La comisión mantiene el plan previsto de hacer comparecer a todos los diputados y directores de Hacienda?
R. Ésa es la voluntad de todos los grupos que forman la comisión. En principio, todos van a ser llamados a dar cuenta de su paso por la Hacienda.
P. ¿Por qué las sesiones van a ser secretas?
R. Es la línea que marca el propio reglamento de las Juntas. Sólo pueden asistir los miembros de la comisión. Ni siquiera está permitida la asistencia de otros junteros, luego parece lógico que sean a puerta cerrada. Ahora bien, eso no significa que no debamos compatibilizarlo con el derecho a la información. Es una preocupación que tengo y por ello trataré de buscar un equilibrio para que las sesiones no sean totalmente secretas. Habrá que buscar referencias similares de otras comisiones parlamentarias. En todo caso, se van a tratar temas muy sensibles y se van a poner al descubierto mecanismos de control en la Hacienda que no conviene hacer públicos.
P. ¿Tiene el temor de que el funcionamiento de esta comisión pueda interferir el procedimiento judicial abierto?
R. No, de ningún modo. Mi preocupación es que determinadas manifestaciones puedan enrarecer los trabajos que está llevando a cabo la Justicia. Hay que buscar una fórmula para compaginar el derecho a la información que tienen los ciudadanos con el carácter secreto de la comisión.
P. Después de todos los episodios que se han conocido de este caso, ¿cómo ha quedado la imagen de la Hacienda foral?
R. Ha quedado muy deteriorada, pero podemos salvarla. Ésta es una de las misiones de esta comisión: que situaciones tan graves no se vuelvan a repetir. El buen hacer de la Hacienda no puede quedar empañado por la actuación de determinados funcionarios desleales.
P. ¿Es sincera la apuesta de todos los grupos de llegar hasta el final en este caso, caiga quien caiga?
R. Estoy convencido. Una comisión de carácter político no puede quedar a medias cuando una investigación penal va a llegar hasta el final. Existe esa voluntad, porque así lo han manfiestado todos los partidos públicamente. No tengo que dudar de ello.