Meterse en un lío
"Nos hemos metido en un lío, reconozcámoslo", dijo Maragall el miércoles en referencia a la reforma del Estatuto catalán. Pero lo que propuso a continuación sólo podría servir para agravarlo: que si el Tribunal Constitucional emite una sentencia desfavorable para el nuevo Estatuto, los catalanes que lo votaron estarían en su derecho de pedir un nuevo referéndum.
En marzo, CiU llegó a proponer que el Parlamento catalán apoyase la convocatoria de una consulta popular sobre la independencia de Cataluña en el caso de que el Constitucional "declare nulos algunos artículos del Estatuto". Apar...
"Nos hemos metido en un lío, reconozcámoslo", dijo Maragall el miércoles en referencia a la reforma del Estatuto catalán. Pero lo que propuso a continuación sólo podría servir para agravarlo: que si el Tribunal Constitucional emite una sentencia desfavorable para el nuevo Estatuto, los catalanes que lo votaron estarían en su derecho de pedir un nuevo referéndum.
En marzo, CiU llegó a proponer que el Parlamento catalán apoyase la convocatoria de una consulta popular sobre la independencia de Cataluña en el caso de que el Constitucional "declare nulos algunos artículos del Estatuto". Aparte otras consideraciones, como la ilegalidad de tal consulta, y del conflicto que provocaría con el Estado, la propuesta supone de entrada una presión ilegítima sobre el Tribunal.
Maragall no ha hablado de independencia, pero su temeraria sugerencia se inscribe en la misma lógica de presión indebida: significa poner sobre los hombros de los magistrados la responsabilidad de llevar a la política catalana a un callejón sin salida.
Una vez eliminado, por buenas razones, el recurso previo de inconstitucionalidad, es obligado atenerse a lo que a posteriori decida el Tribunal. Ello plantea un problema político en los casos de leyes que requieren un refrendo popular, como las reformas estatutarias. Porque la eventual nulidad o sometimiento a interpretación de determinados artículos se produciría después de ese refrendo.
Pero ésas son las reglas del juego, y la obligación de un político responsable es respetarlas: tener en cuenta la existencia de ese filtro a la hora de elaborar el texto, y explicar a los ciudadanos que más vale esa garantía de constitucionalidad que forzar por temor la convalidación de preceptos inconstitucionales.