El Tribunal Superior de Andalucía cree que Ciudadanía puede vulnerar derechos fundamentales
La campaña emprendida por algunos sectores muy conservadores contra la asignatura Educación para la Ciudadanía registró ayer un giro inesperado. Pese a que la Fiscalía, el Estado y la Junta andaluza manifestaron su oposición, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió ayer tramitar el recurso presentado por cinco padres de Sevilla conforme al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales. La sala entiende que la obligatoriedad de la materia puede afectar al derecho constitucional de la libertad de enseñanza, religión e ideología, y "al derecho de los...
La campaña emprendida por algunos sectores muy conservadores contra la asignatura Educación para la Ciudadanía registró ayer un giro inesperado. Pese a que la Fiscalía, el Estado y la Junta andaluza manifestaron su oposición, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió ayer tramitar el recurso presentado por cinco padres de Sevilla conforme al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales. La sala entiende que la obligatoriedad de la materia puede afectar al derecho constitucional de la libertad de enseñanza, religión e ideología, y "al derecho de los padres a elegir el tipo de enseñanza que desean para sus hijos".
Al convertirse en una causa preferente, deberá estar resuelto en cuestión de semanas. Si se hubiera considerado un contencioso-administrativo ordinario, habría tardado años.
La resolución, firmada por el ponente Rafael Sánchez Jiménez, sostiene que los recurrentes han cumplido con los requisitos para que se estimase de esta forma su demanda. Según el juez, una de las razones que exponen es la "imposición de la denominada ideología de género". En consecuencia, afirma, "existe apariencia de vulneración", "sin que ello suponga un juicio anticipado". Añade que, en virtud de la jurisprudencia, el procedimiento especial para protección de derechos fundamentales "debe de huir de interpretaciones restrictivas y rigoristas".
La medida adoptada es "normal", dijo ayer sin sorpresa alguna la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, Paloma Biglino, que recordó también que el tribunal ya había rechazado las medidas cautelares que solicitaban los recurrentes, esto es, la paralización de la asignatura este curso. El tribunal entendió entonces que la Administración andaluza no establece la obligación de la materia ni sus contenidos, que competen a la Ley Orgánica de Educación (LOE) y a los decretos del Ministerio de Educación.
Por ello, sea cual sea la resolución final que acabe tomando el tribunal, la asignatura se seguirá impartiendo hasta entonces con normalidad.