Espía ante la justicia
En una inusual rueda de prensa, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, ha informado de la detención en Tenerife de un ex agente, Roberto Flórez García, acusado de vender información a un servicio extranjero entre diciembre de 2001 y febrero de 2004. De acuerdo con la información facilitada por Saiz, Flórez habría revelado procedimientos, estructuras internas y actividades en materia de contrainteligencia, además de la identidad de otros agentes. La fuga de información no habría afectado, en principio, a materias relacionadas con la lucha antiterrorista ni se habría exte...
En una inusual rueda de prensa, el director del Centro Nacional de Inteligencia, Alberto Saiz, ha informado de la detención en Tenerife de un ex agente, Roberto Flórez García, acusado de vender información a un servicio extranjero entre diciembre de 2001 y febrero de 2004. De acuerdo con la información facilitada por Saiz, Flórez habría revelado procedimientos, estructuras internas y actividades en materia de contrainteligencia, además de la identidad de otros agentes. La fuga de información no habría afectado, en principio, a materias relacionadas con la lucha antiterrorista ni se habría extendido a datos de los que España dispone en calidad de miembro de la Unión Europea o la Alianza Atlántica.
A la espera de que las indagaciones judiciales permitan conocer nuevos detalles, las actividades del ex agente ponen de manifiesto, cuando menos, el error cometido en 2004, cuando Flórez pudo abandonar el CNI antes de someterse a un control de seguridad que aparentemente no guardaba relación con los hechos ahora enjuiciados por la justicia. Tiene razón Saiz al decir que es un fracaso del Centro. Pero se trata de un fracaso para el que no es fácil encontrar explicación. ¿Es normal que un agente pueda abandonar su puesto cuando tiene pendiente una investigación, por más que sea de rutina o se refiera a los protocolos ordinarios de seguridad?
La decisión de llevar el caso a los tribunales, en lugar de intentar un arreglo dentro de la esfera de los servicios de inteligencia, es una salida que sienta un importante precedente y que, en cualquier caso, reforzará el Estado de derecho si el morbo que rodea a estos incidentes no se traduce en un intento de dificultar la labor de la justicia. La fiscalía acusa a Flórez de traición, de acuerdo con el artículo 584 del Código Penal, aunque no se descarta que amplíe los cargos si se descubre que cometió otros delitos.
El director del CNI no quiso revelar el país al que Flórez vendía la información. Tiene sentido su silencio si lo que pretende es evitar que el caso del ex agente se convierta en un incidente diplomático de mayor envergadura. Pero el nombre de Rusia ha aparecido de inmediato vinculado a este episodio. Su Embajada en Madrid ha desmentido cualquier relación de Flórez con los servicios rusos y, de nuevo, habrá que esperar mayores precisiones. Si, pese a todo, estas noticias se confirmasen, la posición internacional de Rusia se vería seriamente comprometida, puesto que ya se enfrenta al turbio episodio del asesinato del espía Litvinenko, que ha tensado sus relaciones con el Reino Unido.