Hacienda y los notarios estrechan su colaboración contra el fraude

La Agencia Tributaria (AEAT) va a tener acceso telemático a la información fiscal que los notarios plasmen en las escrituras. Ésta es una de las principales medidas que recoge el convenio firmado ayer por el director general de la AEAT, Luis Pedroche, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, para aplicar las medidas que recoge la ley contra el fraude fiscal que entró en vigor el pasado diciembre.

Hasta ahora, los notarios transmitían la información fiscal a requerimiento de la AEAT, en un plazo máximo de 15 días, o cuando ellos sospechaban que detrás de...

La Agencia Tributaria (AEAT) va a tener acceso telemático a la información fiscal que los notarios plasmen en las escrituras. Ésta es una de las principales medidas que recoge el convenio firmado ayer por el director general de la AEAT, Luis Pedroche, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano, para aplicar las medidas que recoge la ley contra el fraude fiscal que entró en vigor el pasado diciembre.

Hasta ahora, los notarios transmitían la información fiscal a requerimiento de la AEAT, en un plazo máximo de 15 días, o cuando ellos sospechaban que detrás de alguna operación de la que dan fe hay un fraude fiscal. Con la firma del convenio, en un plazo máximo de cinco meses, la AEAT tendrá acceso a una base de datos (Índice Único Informático) en la que figurará la información de relevancia tributaria que aparece en las escrituras: número de identificación fiscal (NIF) o los medios de pago empleados en las transacciones.

Más de 200.000 euros

El convenio también recoge la obligación ya existente de los notarios de comunicar a la Agencia Tributaria aquellas operaciones en las que aprecien un riesgo de fraude fiscal, sea cual sea su importe. Las operaciones de más de 200.000 euros que despierten sospechas tendrán que ser comunicadas directamente a la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude. Los criterios que harán saltar las alarmas en estos casos se basarán en la experiencia o los medios de pago, según apuntó Luis Pedroche.

El Consejo tendrá que informar mensualmente a la Agencia de las operaciones en las que alguno de los participantes se niegue a facilitar el NIF o no identifique el método de pago empleado.