Consumo sólo ha recibido 42 reclamaciones por la 'guerra' entre Euskaltel y Orange
La guerra entre Euskaltel y Orange, abierta el pasado octubre, por los clientes de telefonía móvil que ambas compañías compartían solamente causó 42 reclamaciones ante del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de los 450.000 clientes en juego. La consejera Ana Aguirre, que compareció ayer por la tarde en el Comisión de Industria, explicó cómo se desarrolló la pugna entre ambas compañías y aseguró que el Gobierno, que es accionista de Euskaltel con el 7% del capital que posee el Ente Vasco de Energía (EVE), mantuvo el equilibrio como responsable de consumo.
Aguirre compa...
La guerra entre Euskaltel y Orange, abierta el pasado octubre, por los clientes de telefonía móvil que ambas compañías compartían solamente causó 42 reclamaciones ante del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de los 450.000 clientes en juego. La consejera Ana Aguirre, que compareció ayer por la tarde en el Comisión de Industria, explicó cómo se desarrolló la pugna entre ambas compañías y aseguró que el Gobierno, que es accionista de Euskaltel con el 7% del capital que posee el Ente Vasco de Energía (EVE), mantuvo el equilibrio como responsable de consumo.
Aguirre compareció a petición de la parlamentaria socialista Joana Madrigal, que acusó al Gobierno de haber hecho poco por los consumidores vascos pese a tener instrumentos normativos para hacerlo. Afirmó Aguirre que el Gobierno hizo lo que le correspondía y que los conflictos en este ámbito deben solucionarse en el marco de Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Aguirre indicó que espera que los conflictos con las particulares se arreglen y que, si no fuera así, se tomarán las medidas que correspondan.
La consejera también acudió a la Comisión de Industria para explicar, a petición del PSE-EE y el PP, el informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que determinó deficiencias en la gestión de las obras del Bilbao Exhibition Centre, la feria de Barakaldo. La consejera centró sus argumentaciones en las alegaciones que el Gobierno hizo al propio tribunal. El presupuesto real del BEC, defendió, son los 520 millones que fijó el consejo de administración de la sociedad en 2002. Señaló que fue con este presupuesto con el que se acudió a pedir financiación a un grupo de entidades financieras y al Banco Europeo de Inversiones.
Un desvío del 5%
La consejera alegó que cuando el Tribunal fija los desvíos presupuestarios de un 10,5% lo hace sobre el presupuesto original de 390 millones de euros, pero no sobre el definitivo. En este sentido, indicó que las principales desviaciones de las cuentas tuvieron como causa esencial la huelga del sector del cemento. En cualquier caso, dijo que sería un éxito que sobre el presupuesto final la variación fuera de entorno al 5%, una cantidad que el propio Banco Europeo de Inversiones considera que se debe asegurar para cubrir contingencias.
El BEC tiene dos reclamaciones pendientes con las empresas constructoras, una en fase judicial y otra que no lo está todavía. Ambas se elevan a 66 millones de euros y la consejera cree que, incluso teniendo que hacer frente a ambas, las cuentas no se desviarían por encima del 5%.
Otro elemento de debate fue la forma de realizar las licitaciones de las obras. Aguirre indicó que el BEC a partir de ahora funcionará, sin serlo, como una empresa pública. Entiende que el cambio en la trasposición de la legislación europea así lo exige.