Medidas sanitarias, educativas, de acción legal y asistencia a la reinserción

El Gobierno presta servicios a reclusos de las tres cárceles vascas a través de cuatro de sus departamentos: los de Sanidad, Justicia, Educación y Asuntos Sociales. El montante total sobrepasa los cuatro millones de euros anuales.

Sanidad es el departamento que más gasta. Según las cifras de 2005, un total de 1,6 millones de euros se dedicaron a ingresos hospitalarios, consultas especializadas, urgencias, pruebas diagnósticas, vigilancia epidemiológica, control alimentario y de aguas y gasto de farmacia. El Ejecutivo recupera después de la Administración central 408.000 euros.

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El Gobierno presta servicios a reclusos de las tres cárceles vascas a través de cuatro de sus departamentos: los de Sanidad, Justicia, Educación y Asuntos Sociales. El montante total sobrepasa los cuatro millones de euros anuales.

Sanidad es el departamento que más gasta. Según las cifras de 2005, un total de 1,6 millones de euros se dedicaron a ingresos hospitalarios, consultas especializadas, urgencias, pruebas diagnósticas, vigilancia epidemiológica, control alimentario y de aguas y gasto de farmacia. El Ejecutivo recupera después de la Administración central 408.000 euros.

El Departamento de Educación dedica 18 profesores a impartir clases a adultos en las prisiones. El coste del profesorado de Primaria y de Secundaria alcanza los 676.500 euros. Entre 1999 y 2002, Educación se gastó otros 123.000 euros en material didáctico y subvencionó con 41.000 más a jóvenes penados.

Justicia tiene presupuestados en las cuentas de este año un total de 805.000 euros. El departamento que dirige Azkarraga destina ese dinero fundamentalmente a subvencionar asociaciones dedicadas a la acción social penitenciaria y también al turno de asistencia legal, así como al servicio de ayuda a la reinserción. Justicia añade 55.000 euros más a los 41.000 destinados por el Departamento de Educación a jóvenes penados.

Por último, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales desarrolla los programas de atención y prevención de toxicomanías y también se hace cargo del apoyo a los reclusos una vez excarcelados. En 2007, destinará a esos fines un total de 675.000 euros.

Azkarraga detalló estas cifras en su comparecencia, resaltando que se trata de dinero gastado en una competencia no asumida por la Administración autonómica.

El consejero insistió en su deseo de que no se produzca "ningún perjuicio a los presos". Y derivó esa responsabilidad: "Dependerá de si la Administración central considera que debemos mantener ese tipo de servicios sin convenio. Es una decisión política de ellos" añadió.