Maragall discrepa de Esquerra y reitera que no es recurrible la tercera hora de castellano
Carod antepone los beneficios sociales de la Ley de Dependencia al debate competencial
El consejero de Educación, Ernest Maragall, aseguró ayer que en el intenso debate en el seno del Gobierno catalán a propósito del decreto ministerial sobre enseñanzas mínimas "se demostrará la cohesión" del Ejecutivo presidido por José Montilla. Sin embargo, Maragall insistió en que "no es recurrible" uno de los aspectos que Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU) sí estiman recurrible: la fijación del horario que incluye una hora más de enseñanza de lengua castellana. El portavoz de ERC, Joan Ridao, mantiene, en cambio, que el decreto ministerial "va más allá de regular el 55% ...
El consejero de Educación, Ernest Maragall, aseguró ayer que en el intenso debate en el seno del Gobierno catalán a propósito del decreto ministerial sobre enseñanzas mínimas "se demostrará la cohesión" del Ejecutivo presidido por José Montilla. Sin embargo, Maragall insistió en que "no es recurrible" uno de los aspectos que Esquerra Republicana (ERC) y Convergència i Unió (CiU) sí estiman recurrible: la fijación del horario que incluye una hora más de enseñanza de lengua castellana. El portavoz de ERC, Joan Ridao, mantiene, en cambio, que el decreto ministerial "va más allá de regular el 55% del horario" que le corresponde en ejercicio de sus competencias.
Los mecanismos de consulta y coordinación entre los partidos aliados en el Gobierno catalán y entre sus grupos parlamentarios han funcionado de manera satisfactoria durante esta semana. Han evitado que la presentación del recurso contra el decreto de enseñanzas mínimas que afecta a la enseñanza del castellano divida al tripartito de izquierdas en un asunto de particular sensibilidad política, con el que CiU intenta abrir una brecha entre ERC y los socialistas.
Pero eso no significa que no haya habido sus más y sus menos. El consejero Maragall provocó las iras de sus socios al presentar a la prensa el pasado miércoles como pactado con sus aliados el futuro decreto catalán que tiene que complementar el del ministerio. Resultó que no estaba pactado y el presidente Montilla tuvo que poner orden.
Algo por el estilo sucede todavía acerca del contenido exacto que debe tener el recurso de la Generalitat contra el decreto del ministerio. Maragall insiste en que la tercera hora de castellano "no es recurrible" y cita para ello los informes jurídicos del Gobierno catalán, pero Ridao mantiene todavía la posición contraria.
El grupo de CiU presentó ayer la solicitud de un pleno extraordinario del Parlament para debatir la presentación del recurso. La petición persigue dar el máximo relieve posible a ese debate, en el que CiU pretende hurgar en las diferencias entre ERC y sus socios. Lo más probable es, según indicaron ayer fuentes de ERC y de ICV, que este pleno extraordinario se celebre el día 14, una hora antes del pleno ordinario. Y se mostraron convencidos de que el tripartito acudirá a él con criterios unificados.
El líder de ERC y número dos del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod, dio ayer una muestra de su sintonía con Montilla en otro asunto que ha sacudido esta semana al Gobierno catalán: la presunta inconstitucionalidad advertida por el Consejo Consultivo en 34 de los 47 artículos de la Ley de Dependencia aprobada en su día en las Cortes con el voto de todos los partidos de izquierda y del PP, y la oposición de CiU y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Los nacionalistas ya han anunciado que propondrán recurrir contra la ley al Tribunal Constitucional en defensa de las competencias de la Generalitat en esta materia.
Como hizo anteayer el presidente Montilla, Carod afirmó ayer que en esta cuestión tanto su partido como el Gobierno catalán van a poner por delante "los derechos de las personas, sobre todo las que más lo necesitan, y no determinados problemas legales", como la conflictiva delimitación de las competencias entre las administraciones central y autónoma.
Este es un asunto también muy controvertido en el seno de ERC. La consejera de Acción Social, la republicana Carme Capdevila, aseguró también ayer que en este debate estará "junto a las familias que nos piden responsabilidad en el desarrollo de la ley estatal", para no poner en cuestión la percepción de beneficios que en Cataluña "afectan a cerca de 280.000 personas".