Las diputaciones se plantean aplazar la reforma integral del Impuesto de Sociedades

Las tres diputaciones se están planteando dejar hasta después de las elecciones del próximo mes de mayo abordar la reforma integral del Impuesto de Sociedades que anunciaron el pasado año. Las diputaciones tienen previsto anunciar en los próximos días que han cerrado un acuerdo de mínimos sobre el tipo impositivo y algunas de las deducciones habituales. Álava no va a convertir el tipo impositivo en motivo de conflicto, aunque el PP había propuesto un descenso mayor del 28% del tipo general y del 24% para las pymes que propone Vizcaya. Las tres haciendas coinciden en que la proximidad de...

Las tres diputaciones se están planteando dejar hasta después de las elecciones del próximo mes de mayo abordar la reforma integral del Impuesto de Sociedades que anunciaron el pasado año. Las diputaciones tienen previsto anunciar en los próximos días que han cerrado un acuerdo de mínimos sobre el tipo impositivo y algunas de las deducciones habituales. Álava no va a convertir el tipo impositivo en motivo de conflicto, aunque el PP había propuesto un descenso mayor del 28% del tipo general y del 24% para las pymes que propone Vizcaya. Las tres haciendas coinciden en que la proximidad de los comicios ha vuelto inviable el plan de acometer la reforma en profundidad del impuesto.

Las haciendas están discutiendo sobre la propuesta vizcaína de dejar el tipo general en el 28% y el 24% para las pymes. El futuro impuesto mantiene las deducciones por I+D y adquisición de nuevos activos fijos e incorpora nuevas deducciones en materia de medio ambiente. Sin embargo van a desaparecer las de creación de empleo y la que primaba las exportaciones.

Fuentes vizcaínas y alavesas coincidieron ayer en que se trata de "maquillar" el impuesto con un acuerdo de mínimos, necesario porque la comunidad vasca tiene ahora mismo un tipo superior al existente en territorio común.

Desde diciembre de 2004, cuando el Tribunal Supremo anuló una parte sustancial del Impuesto de Sociedades vasco -entre otros aspectos, el tipo del 32,5%, dos puntos y medio inferior al común- por considerarlo ayuda de Estado según la doctrina de la UE, las tres diputaciones se han limitado a poner parches y polemizar con los tribunales.

Apenas dos semanas

Primero, aprobaron repetir el mismo tipo, decisión que fue anulada por el Tribunal Superior. El 29 de diciembre de 2005, las diputaciones aprobaron un tipo de 32,6%, sólo una décima superior al anterior, y lo hicieron en el último suspiro del curso fiscal para, si era suspendido por el Superior, como así ocurrió en mayo pasado, se pudiera aplicar a la liquidación de 2005.

Las diputaciones están ahora a punto de arriesgarse a regular un tipo inferior al de territorio común -en el resto de España va a bajar en dos años del 32,5% al 30% y ya está en el 25% para las pymes-, conscientes de que el Superior no va a actuar mientras el Tribunal de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, no conteste a la consulta que le hizo al respecto el máximo tribunal vasco. El Superior planteó una cuestión prejudicial (consulta) al de Luxemburgo sobre el fondo de la cuestión: la posibilidad de que la normativa fiscal vasca se diferencie de la del territorio común.

El hecho es que a las diputaciones apenas si les quedan dos semanas para cerrar el acuerdo y llevar a sus consejos de gobierno un proyecto de norma articulado con el nuevo tipo y las deducciones. Una vez aprobada por los ejecutivos forales, el trámite en las Juntas Generales durará algo más de un mes. El 30 de marzo es el último día hábil para que un pleno pueda debatir y en su caso aprobar el nuevo impuesto, ya que debido a las elecciones de mayo, las tres Juntas quedarán disueltas el último día de marzo.

Además existe otro elemento que complica el asunto. La patronal vasca Confebask recurrió al Supremo contra la decisión del Superior de suspender cautelarmente el tipo del 32,6%. La patronal quiere saber si es proporcionada, como medida cautelar, una suspensión del tipo, con los problemas que acarrea, sobre todo de inseguridad jurídica para los empresarios, que no saben a qué atenerse en un asunto tan básico para sus resultados como la tributacion de los beneficios.

Sin embargo la solución ante la vulnerabilidad de las normas fiscales, lo que los técnicos llaman blindar el Concierto Económico, ha de llegar de la mano de un acuerdo político en el que ya están trabajan el PNV y el PSOE en el Congreso de los Diputados.

Constitucionalmente, las obligaciones tributarias tienen que regularse por ley. Pero las Juntas Generales no aprueban leyes, sino normas forales, que son recurribles a la jurisdicción contenciosa. Pueden ser recurridas por particulares, asociaciones, y otras administraciones. La reforma de la Ley del TC, dice que sólo podrán ser impugnadas por el Gobierno central, por 50 diputados o senadores y por las ejecutivos de las CCAA.