Los inmigrantes estafados culpan a la Subdelegación por su lentitud

Los 60 inmigrantes estafados en Vizcaya durante el pasado proceso de regularización creen que la Subdelegación del Gobierno central en esta provincias es responsable de la lentitud con que se está abordando su situación, ya que siguen sin papeles tras un año. Critican que al confirmarse la estafa los responsables de la Subdelegación no les orientaran para denunciar su situación a la Inspección de Trabajo, lo que hubiera dejado el expediente en Vizcaya y facilitado su regularización con rapidez.

Un año después de que presentaran sus denuncias, que siguen su curso en los juzgados, ...

Los 60 inmigrantes estafados en Vizcaya durante el pasado proceso de regularización creen que la Subdelegación del Gobierno central en esta provincias es responsable de la lentitud con que se está abordando su situación, ya que siguen sin papeles tras un año. Critican que al confirmarse la estafa los responsables de la Subdelegación no les orientaran para denunciar su situación a la Inspección de Trabajo, lo que hubiera dejado el expediente en Vizcaya y facilitado su regularización con rapidez.

Un año después de que presentaran sus denuncias, que siguen su curso en los juzgados, los inmigrantes continúan en situación irregular, pese a que la Ley de Extranjería prevé la regularización en estos casos.

Sin embargo, el proceso de la regularización hubiese sido mucho más rápido si los inmigrantes hubieran denunciado, además, su situación a la Inspección de Trabajo, porque el expediente, en vez de ir a Madrid, se hubiera quedado en la Subdelegación de Vizcaya. Y, en ese caso, el subdelegado hubiera podido resolver, con la ley en la mano, en muy poco tiempo.

Los artículos 31 y 45 de la Ley de Extranjería prevén la regularización para los caos de trabajadores inmigrantes que denuncien ilegalidades. Además, una resolución del Ministerio de Trabajo, del pasado 23 de junio deja en manos de las subdelegaciones la potestad de regularizar a inmigrantes que colaboren con las autoridades.

Los representantes de los inmigrantes van a acudir a la Cámara vasca y allí criticarán la actitud del subdelegado de Vizcaya, Miguel Ángel Fernández Pérez, por no resolver un problema sobre el que tenía potestad tras haber sido víctimas de un fraude, y derivarlo hacia la Administración central.

La fiscalía de la Audiencia de la Vizacaya reconoce que hay serios indicios de fraude en la actuación de una abogada que tramitó los falsos contratos. El caso se tramita en el Juzgado número 7 de Bilbaoy también se han presentado denuncias en otros tres juzgados.

Los representantes de los inmigrantes van a esperar a que la Subdelegación del Gobierno haga algún tipo de movimiento tras la comparecencia parlamentaria, todavía sin fecha prevista, antes de continuar su pugna en otras instancias.