Una turbina de reactor junto a la cama

Unos años antes de morir, el 9 de agosto de 1991, José Mulet Cabrera presenta un escrito ante el Ayuntamiento de Vila-real en el que expone que la empresa de cerámica Rocersa emite ruidos que superan el límite establecido por la ley, tanto de día como de noche, lo que impide a los vecinos conciliar el sueño. Junto a la suya, se presentan varias quejas más, verbales, y el entonces alcalde, el socialista Enrique Ayet, determina el cierre del sistema de cogeneración, que provoca el ruido, en horario nocturno. Rocersa atiende la exigencia, pero, según los vecinos, no todas las noches.

Los d...

Unos años antes de morir, el 9 de agosto de 1991, José Mulet Cabrera presenta un escrito ante el Ayuntamiento de Vila-real en el que expone que la empresa de cerámica Rocersa emite ruidos que superan el límite establecido por la ley, tanto de día como de noche, lo que impide a los vecinos conciliar el sueño. Junto a la suya, se presentan varias quejas más, verbales, y el entonces alcalde, el socialista Enrique Ayet, determina el cierre del sistema de cogeneración, que provoca el ruido, en horario nocturno. Rocersa atiende la exigencia, pero, según los vecinos, no todas las noches.

Los días 15 de enero, 13 de febrero, 17 de febrero, 1 de marzo, 26 de marzo y 3 de abril de 1995 se suceden las denuncias ante la policía local, que hace mediciones del nivel de ruido.

El 28 de junio de 1995, a las 5.45 de la madrugada, Concepción Capella y Antonio Flich llaman a la policía para que acuda de nuevo a medir el nivel de ruido. El 12 de julio, a las 6.42, ocurre lo mismo. Meses después, el matrimonio, junto al hijo de ambos, se traslada a vivir al casco urbano ante la imposibilidad de conciliar el sueño. Entonces, con el recién nombrado alcalde del PP, Manuel Vilanova, las quejas se presentan a través de otros ciudadanos e, incluso, de colectivos creados para combatir las emisiones acústicas. Más de 1.000 personas firman solicitudes para que se controle el ruido emitido por la actividad industrial. Muchas de las quejas y denuncias quedan "sobre la mesa" y no son tramitadas. Aún así, el Ayuntamiento inicia la elaboración de mapas sonoros y ordena inspecciones. Pero el sistema de cogeneración sigue en marcha, pese a que no tiene licencia.

Los sistemas de cogeneración se usan en las empresas cerámicas para aprovechar el calor de los hornos de cocido y convertirlo en energía eléctrica. Para ello, utilizan una turbina, semejante a la de un reactor, que emite un zumbido grave y constante. La familia Flich-Capella tenía uno a 650 metros de la casa que abandonaron, en una zona residencial, y a la que sólo regresaron durante las épocas estivales. En esos meses siguieron presentando denuncias a las dos, a las cuatro, a las seis de la madrugada, así como mediciones que reflejaban que el ruido sobrepasaba el nivel admitido.

"Se reían de nosotros, no nos escuchaban", recuerda Antonio Flich como resumen de las decenas de visitas que realizaron tanto al Ayuntamiento como a la empresa. "Al final, no nos quedó otro remedio que acudir a la vía judicial", añade. "Había perdido casi mi autoestima... No se puede vivir de rodillas". Su denuncia por un delito de prevaricación medioambiental le ha acabado costando al alcalde, Manuel Vilanova, un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación. "Pocos condenados han estado tan avisados como él", mantiene el denunciante. "Se lo pedimos por activa y por pasiva, de palabra, por favor, y no le dio la gana actuar. Ahora tiene lo que tiene".

El 20 de noviembre de 1998, el Ayuntamiento ordenó la ejecución forzosa de la orden de cierre de la actividad y dejó de funcionar la turbina de cogeneración. "Se dice pronto, pero fueron tres largos años interponiendo denuncias", recuerda Flich.

La condena del Tribunal Supremo ha desatado una auténtica batalla política después de que el PP decidiera mantener, en un principio, al alcalde en su puesto, pese a la inhabilitación y a que se trata de una sentencia firme. Ningún dirigente del PP ha tenido reparos en asegurar que se trata de una "sentencia política". Dirigentes de ese partido han hecho hincapié en el ponente que la firma, José Antonio Martín Pallín.

El magistrado responde, no sin ironía, que "sin saberlo" están en lo cierto. "El fallo procede de un poder político del Estado y afecta a la política medioambiental, con lo que es una sentencia política", puntualiza Martín Pallín, quien asegura que tanto él como los otros dos magistrados que firman la resolución eran conscientes de que "se trataba de un alcalde" pero no tenían ni idea de cuál era su color político. El magistrado sabe que su decisión se ha politizado y ante las acusaciones del PP aconseja leer la sentencia, "sobre todo en lo que se refiere a hechos probados, que son suficientemente expresivos".