Química sana
El Parlamento europeo aprobó la semana pasada un sistema de control unificado de productos químicos, alrededor de 30.000, que pone fin a un desorden de decenas de medidas a escala comunitaria y de sistemas de autorización nacionales. El resultado es fruto de una idea nacida hace ocho años en defensa de la salud y el medio ambiente que pronto se vio influida por la industria química europea, la más potente del mundo, de la que dependen casi cinco millones de empleos. La propuesta original de la Comisión, presentada en 2003, se ha visto sometida a las presiones contrapuestas de ecologistas y emp...
El Parlamento europeo aprobó la semana pasada un sistema de control unificado de productos químicos, alrededor de 30.000, que pone fin a un desorden de decenas de medidas a escala comunitaria y de sistemas de autorización nacionales. El resultado es fruto de una idea nacida hace ocho años en defensa de la salud y el medio ambiente que pronto se vio influida por la industria química europea, la más potente del mundo, de la que dependen casi cinco millones de empleos. La propuesta original de la Comisión, presentada en 2003, se ha visto sometida a las presiones contrapuestas de ecologistas y empresas, plasmadas en más de 5.000 enmiendas.
Tres son las principales innovaciones del acuerdo REACH (acrónimo en inglés de Registro, Evaluación y Autorización de Productos Químicos): la autorización previa para la circulación y empleo en la UE de los 30.000 productos en cuestión; la realización por el fabricante de los análisis que revelan las características y eventuales riesgos del producto, y la sustitución obligatoria de los que sean más peligrosos, cuando haya alternativa, o el compromiso para investigar sobre cómo resolver el problema en caso de que no existan.
Es esta relativización, que en teoría permite alegar indefinidamente al fabricante que investiga sin lograr resultados, lo que más ha indignado a los ecologistas, que ven en ello un coladero para los intereses de la industria. El reglamento REACH marca de forma clara las reglas del juego, pero deja abiertos flancos a definir por la agencia que a partir de julio y desde Helsinki comenzará a decidir sobre el registro y autorización de productos químicos.
Ahí está la oportunidad para afinar su puesta en práctica, donde de nuevo industria y otros sectores (ecologistas, asociaciones de consumidores, colegios de médicos o científicos) volverán a la pugna sobre un sistema que, aunque con deficiencias, mejora la situación actual y alienta la competitividad y la innovación. Para comprobar los resultados de la iniciativa habrá que esperar a su pleno despliegue a lo largo de los próximos 11 años.