La Cámara vasca insta al Gobierno a que reconozca que se practica la tortura
El Parlamento vasco aprobó ayer una iniciativa sobre la tortura, suscrita conjuntamente por el PNV, EHAK, EA y Aralar, y de la que se desmarcó su socio en el Gobierno vasco Ezker Batua, por considerarla demasiado extremada. En ella se pide la derogación de la Ley Antiterrorista, la desaparición de la Audiencia Nacional y la suspensión o archivo de todos los procedimientos judiciales en los que se hayan aplicado "tortura e incomunicación" -la incomunicación es sistemática en detenciones por terrorismo-. También se insta al Gobierno a realizar "un reconocimiento político de la existencia de tort...
El Parlamento vasco aprobó ayer una iniciativa sobre la tortura, suscrita conjuntamente por el PNV, EHAK, EA y Aralar, y de la que se desmarcó su socio en el Gobierno vasco Ezker Batua, por considerarla demasiado extremada. En ella se pide la derogación de la Ley Antiterrorista, la desaparición de la Audiencia Nacional y la suspensión o archivo de todos los procedimientos judiciales en los que se hayan aplicado "tortura e incomunicación" -la incomunicación es sistemática en detenciones por terrorismo-. También se insta al Gobierno a realizar "un reconocimiento político de la existencia de torturas y de su aplicación en algunos casos de forma sistemática".
La iniciativa se tramitó de urgencia ante el comienzo el lunes del juicio contra Unai Romano y otras 13 personas que presuntamente denunciaron torturas en falso. Romano asistió a la sesión en la tribuna de invitados.
Tanto el PSE como el PP mostraron su escándalo por el apoyo del PNV y EA, ambos en el Ejecutivo autónomo, cuya policía también es objeto de acusaciones de tortura, a una iniciativa que consideraron lógica en EHAK, pero incomprensible e impropia de ambos partidos nacionalistas "de Gobierno".
"Cuando este debate acabe, sólo estará contenta ETA", dijo el socialista Rodolfo Ares. Tanto él como Carlos Urquijo (PP) pidieron "más rigor", sobre todo al PNV, al que recordaron la existencia de una campaña sistemática de desprestigio del Estado de derecho, Ertzaintza incluida, por el procedimiento de denunciar también sistemáticamente torturas tras las detenciones. Su portavoz, José Antonio Rubalkaba, admitió la existencia de denuncias falsas, pero señaló que "con un solo hecho se desprestigia a todo un cuerpo" y justificó su posición en el deseo de no dejar ningún resquicio a la duda.
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