Una nueva norma regulará la gestión de la deuda externa
España tendrá, por primera vez, un marco legal que vincula la deuda externa con el desarrollo. Será gracias a la ley que aprobó ayer el Congreso por amplia mayoría para regular la gestión de esta deuda. El portavoz de Cooperación para el Desarrollo de CiU, Carles Campuzano, promotor del texto, manifestó que se inspiró para su elaboración inicial en los movimientos católicos del Jubileo del año 2000, informa Efe.
La nueva ley convierte a España en el segundo país europeo, después de Italia, que cuenta con un texto dirigido a erradicar la pobreza y avanzar en el desarrollo de políticas de...
España tendrá, por primera vez, un marco legal que vincula la deuda externa con el desarrollo. Será gracias a la ley que aprobó ayer el Congreso por amplia mayoría para regular la gestión de esta deuda. El portavoz de Cooperación para el Desarrollo de CiU, Carles Campuzano, promotor del texto, manifestó que se inspiró para su elaboración inicial en los movimientos católicos del Jubileo del año 2000, informa Efe.
La nueva ley convierte a España en el segundo país europeo, después de Italia, que cuenta con un texto dirigido a erradicar la pobreza y avanzar en el desarrollo de políticas de cooperación. El texto emplaza al Ejecutivo a aprobar antes de que acabe la actual legislatura un Proyecto de ley de regulación del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y de los seguros de créditos a la exportación concedidos por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) para mejorar estos instrumentos que generan deuda externa.
La nueva ley también señala que dejarán de contabilizar como dinero que se destina a la cooperación las cantidades de Ayuda Oficial al Desarrollo una vez alcanzado el 0,7% del PIB, para lo que el Gobierno presentará las iniciativas oportunas a los organismos internacionales.
La deuda externa no condenada asciende en la actualidad a 1.198 millones de euros, según datos del Gobierno, y de éstos 636 millones de euros son deuda oficial, mientras que 562 millones corresponden a CESCE e ICO, que se reparten entre los 38 países altamente endeudados (HIPC).
La ONG Intermón Oxfam valoró la aprobación de esta ley, pero resaltó algunas "reivindicaciones históricas de la sociedad civil" que no ha recogido la norma. Esta ONG considera que el reconocimiento de la responsabilidad de España sobre la deuda contraída, así como la existencia de mecanismos que permitan auditar esa deuda no se han visto reflejadas en la norma. La Campaña ¿Quién debe a quién? se mostró aún más crítica y censuró que se evite admitir "la responsabilidad de la Administración española en el origen del endeudamiento de los países del Sur".
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