Industria promoverá una nueva norma para que el regulador continúe en la capital catalana

El pronunciamiento del Tribunal Supremo cayó como una bomba en el Gobierno central y en el catalán, que logró hacerse con la sede del regulador de las telecomunicaciones tras un pacto político entre José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall. Sin embargo, el Ministerio de Industria enfatizó anoche que la sentencia, aún no publicada, "no deslegitima de ningún modo el traslado de la CMT". También subrayó que el cambio de sede geográfica no tiene vuelta atrás. Tras consultar con su servicio jurídico, fuentes de Industria subrayaron que "lo único que se plantea es un posible defecto de forma,...

El pronunciamiento del Tribunal Supremo cayó como una bomba en el Gobierno central y en el catalán, que logró hacerse con la sede del regulador de las telecomunicaciones tras un pacto político entre José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall. Sin embargo, el Ministerio de Industria enfatizó anoche que la sentencia, aún no publicada, "no deslegitima de ningún modo el traslado de la CMT". También subrayó que el cambio de sede geográfica no tiene vuelta atrás. Tras consultar con su servicio jurídico, fuentes de Industria subrayaron que "lo único que se plantea es un posible defecto de forma, una supuesta falta de información que por supuesto estamos determinados a subsanar para cumplir escrupulosamente con la sentencia". El ministerio barrunta a qué instrumento jurídico podría recurrir para subsanar dicha falta de información y si podría tomar forma de un nuevo decreto, siempre para mantener la sede en Barcelona.

Las reacciones no se hicieron esperar. El consejero de Economía y Finanzas, Antoni Castells, dijo "respetar, pero deplorar" la sentencia, y pidió tiempo para poder valorar el contenido del fallo. El portavoz de Presupuestos de CiU en el Congreso, Jordi Vilajoana, pidió al ministro de Industria, Joan Clos, tome las medidas oportunas para arreglar ese "error imperdonable" de su predecesor, José Montilla. Por su parte, ERC pidió una ley para evitar que un tribunal pueda "dar marcha atrás" con la descentralización de órganos reguladores.

Reacciones muy contrarias se produjeron en la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo de Esperanza Aguirre recibió con "enorme satisfacción" el fallo, aunque apeló a la prudencia para hacer una valoración definitiva, que se producirá cuando se conozca la sentencia en los próximos 10 días. Fuentes del Ejecutivo regional indicaron que, tal y como defendieron sus servicios jurídicos, el traslado de la sede fue "ilegal", y da la razón a los trabajadores cuyos derechos laborales fueron vulnerados.