Los límites del proceso

En un proceso que debe acabar poniendo fin a una práctica terrorista prolongada durante muchos años, y con un apoyo social no desdeñable en el territorio del que procede y en el que básicamente opera la organización terrorista, como es el caso de ETA, la cuestión decisiva resulta ser siempre la de los límites dentro de los cuales tiene que moverse dicho proceso. ¿Cuáles son esos límites y quién tiene autoridad para establecerlos?

Sé que estos interrogantes no tienen una respuesta clara y, sin embargo, alguna respuesta tienen que tener, se quiere que el proceso finalice con éxito. En neg...

En un proceso que debe acabar poniendo fin a una práctica terrorista prolongada durante muchos años, y con un apoyo social no desdeñable en el territorio del que procede y en el que básicamente opera la organización terrorista, como es el caso de ETA, la cuestión decisiva resulta ser siempre la de los límites dentro de los cuales tiene que moverse dicho proceso. ¿Cuáles son esos límites y quién tiene autoridad para establecerlos?

Sé que estos interrogantes no tienen una respuesta clara y, sin embargo, alguna respuesta tienen que tener, se quiere que el proceso finalice con éxito. En negativo, la respuesta es clara. El límite de que no se puede pagar ningún precio político, porque de esta manera los terroristas obtendrían mediante la negociación lo que no han obtenido con el ejercicio del terror, se da por supuesto. Únicamente desde la mala fe se puede atribuir al adversario político, en este caso al Gobierno, que está dispuesto a pagar, si es que no ha pagado ya, un precio político por el cese de la violencia por parte de ETA.

Pero, ¿y en positivo? ¿Qué frontera es la que no se puede traspasar, porque la respuesta que se daría al problema del fin de la violencia sería ilegítima y contaminaría de ilegitimidad al Gobierno que la pusiera en práctica?

En mi opinión, y esto es lo paradójico de la situación, la frontera la marca el PP. No la marca ETA ni la marca el Gobierno, sino el PP. No formalmente. Si así fuera, el proceso ni siquiera se habría iniciado. Pero sí materialmente. El acuerdo al que se llegue para poner fin a la violencia tiene que ser un acuerdo susceptible de ser aceptado por el PP en el momento en que llegara a ser Gobierno de la nación.

Formalmente el PP no va a aceptar nunca el acuerdo al que eventualmente se pueda llegar para poner fin a la violencia. Al menos no lo va a aceptar en el plazo en el que es posible hacer previsiones. Pero el que no lo acepte formalmente no quiere decir que cualquier acuerdo que pueda alcanzarse le resulte completamente inasumible.

Cuál es la frontera que separa lo formalmente rechazable de lo materialmente no completamente inasumible es lo que el Gobierno tiene que averiguar, porque ése es el límite que no puede traspasar. Sin contar de alguna manera con el PP, no se puede alcanzar ningún acuerdo en un asunto de esta naturaleza.

Eso el PP lo sabe, y por eso está jugando de la manera que lo está haciendo: no tengo por qué colaborar en lo más mínimo en el proceso, porque sé que de todas maneras el Gobierno tiene que contar conmigo. Un acuerdo que no sea susceptible de ser aceptado por el PP en el Gobierno, no es acuerdo. Será un parche, pero no una solución.

Por eso "la pelota", por utilizar la expresión del presidente del Gobierno esta misma semana, está siempre en el campo del Gobierno. Porque el interlocutor último del Gobierno no es ETA, sino que es el PP o, mejor dicho, la parte de la sociedad española que el PP representa. No se va a poder contar con el apoyo expreso de esa parte de la sociedad, porque su representante político no está dispuesto a darlo en ningún caso, pero sí se tiene que contar con el apoyo implícito de la misma o, por lo menos, con su no rechazo expreso.

Ésta es la razón por la que la pretensión de Arnaldo Otegi de que el Gobierno tiene que "enfrentarse" con el PP, si quiere llegar a algún acuerdo para el fin de la violencia, es absurda. Ni este Gobierno ni ningún Gobierno en un país democráticamente constituido podría aceptar que, para llegar a un acuerdo con un sector extraordinariamente minoritario de la sociedad representado políticamente por un partido declarado ilegal, se tenga que producir un "enfrentamiento" con un sector extraordinariamente amplio de dicha sociedad representado por un partido que es portador de una alternativa de Gobierno para todo el país, incluido el territorio en el que opera ETA y su brazo político.

No es por "motivos electorales", como dice Otegi, por lo que no puede producirse el "enfrentamiento", sino por razones de legitimidad democrática. El PP no puede tener el veto, pero al PP no se le puede desconocer.