Bancos y cajas exigen al Gobierno que no recorte las primas a la energía renovable
Las entidades financian 18.000 millones hasta 2010, más del 75% de la inversión del sector
Los bancos y las cajas están preocupados por la legislación que, a partir de diciembre, se aplicará a las empresas de energías renovables. Las entidades financian más del 75% de la inversión del sector -18.000 de los 23.598 millones de euros previstos hasta 2010- y han advertido al Ministerio de Industria de que las nuevas medidas no deben afectar a las inversiones ya en marcha, ni a las condiciones de financiación acordadas. En una carta consensuada por seis grandes entidades se exige al Gobierno la "irretroactividad", "estabilidad" y "perdurabilidad" de las retribuciones al sector.
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Los bancos y las cajas están preocupados por la legislación que, a partir de diciembre, se aplicará a las empresas de energías renovables. Las entidades financian más del 75% de la inversión del sector -18.000 de los 23.598 millones de euros previstos hasta 2010- y han advertido al Ministerio de Industria de que las nuevas medidas no deben afectar a las inversiones ya en marcha, ni a las condiciones de financiación acordadas. En una carta consensuada por seis grandes entidades se exige al Gobierno la "irretroactividad", "estabilidad" y "perdurabilidad" de las retribuciones al sector.
Banco Santander, BBVA, Caja Madrid, La Caixa, Banco Sabadell y Caixa Catalunya han acordado enviar una carta al nuevo secretario general de Energía, Ignasi Nieto, en la que dan cuenta de su preocupación ante los cambios anunciados en la normativa que afecta a las empresas de energías renovables, más de 1.300 sociedades con 200.000 empleos directos e indirectos.
No es sólo altruismo o preocupación por el medio ambiente. Está en juego mucho dinero. Según el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, aprobado el 26 de agosto del pasado año por el Consejo de Ministros, la inversión prevista en el periodo para proyectos de energías limpias asciende a 23.598 millones de euros, de los que más de 18.000 millones (más del 75%) serían financiados por el sistema financiero. Con esa cifra se debería lograr que en el año 2010, el 12,1% del consumo de energía primaria provenga del viento (energía eólica), el sol (plantas solares), la biomasa o los combustibles extraídos de las plantas (biodiésel).
Lo que preocupa a los bancos es que, en junio de este año, el Ministerio de Industria, a través de un Real Decreto Ley (7/2006), modificó, provisionalmente (hasta que se apruebe el nuevo marco regulatorio) las reglas del juego del sector. Como han explicado las asociaciones de empresas de energías renovables en un memorándum enviado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, el decreto de junio acabó, de un plumazo, con el sistema retributivo que se venía aplicando: el pago por kilovatio de una banda de entre el 80% y el 90% del precio de mercado más una prima, justificada por la imposibilidad de las renovables de incorporar los costes de las energías fósiles, como hacen las energéticas tradicionales).
El decreto de junio, diseñado para eliminar el llamado déficit tarifario (diferencia entre costes de producción de la energía e ingresos por tarifas que alcanzó los 2.000 millones en julio pasado), según las empresas de renovables "eliminó la banda del 80%-90% y los mecanismos de estabilidad retributiva, además sin contemplar las garantías y los plazos temporales establecidos". Consecuencia, según ha explicado el presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, José María Vélez: los bancos han frenado, desde junio, los proyectos de financiación al sector.
Carta consensuada
De ahí la carta de las seis grandes entidades a Industria y de ahí las advertencias que llegan desde el sector: si no se tienen en cuenta las reclamaciones, no se alcanzarán los objetivos aprobados por el Gobierno (con el apoyo de todos los partidos) y España se alejará más, si cabe, de los objetivos establecidos en el Protocolo de Kioto.
En la pugna abierta, hay, por supuesto, un trasfondo. El ex secretario general de la Energía, Antonio Fernández Segura, impulsor del decreto de junio, miró siempre con recelo a los promotores eólicos, por los beneficios, más que significativos, obtenidos y, en especial, en el boom de los molinos de viento de los últimos cinco años.
En algún momento, en el departamento que dirigió el ex ministro José Montilla se analizó muy en detalle la relación entre proyectos eólicos y especulación urbanística.
La mezcla de recelo, necesidad de contener el déficit de tarifa e imposibilidad de subir las tarifas eléctricas reguladas en la cuantía que piden las eléctricas (en torno al 20%) explican, en opinión de algunas empresas de renovables, la aprobación del real decreto.
No obstante, los empresarios del sector destacan que las primas a las energías renovables (calculan unos 5.000 millones de euros hasta 2010) sólo suponen un 0,6% de la tarifa eléctrica.
En cualquier caso, la preocupación de los bancos y cajas es evidente. Así se explica la contundencia con la que reclaman al nuevo equipo del ministro Joan Clos "que sean respetados los principios del marco regulatorio en cuanto a la irretroactividad, estabilidad y perdurabilidad de las retribuciones, objetividad y predictibilidad de las actuaciones a largo plazo a la hora de revisar las retribuciones en el futuro".