Nieto da un paso atrás en su intención de controlar a las universidades públicas
Los rectores ven insuficientes los cambios e insisten en que se retire el proyecto de ley
El consejero Justo Nieto dio ayer un paso atrás en su afán por controlar hasta el milímetro el funcionamiento ordinario de las universidades. Los rectorados no tendrán que solicitar permiso al Consell antes de alcanzar cualquier acuerdo -convenios de colaboración, contratos con empresas, peticiones de becas...- con cualquier institución local, estatal o internacional, como se preveía en el proyecto enviado a las Cortes. La excepción serán los departamentos de la propia Generalitat, que sí deberán informar previamente a Nieto. Los rectores ven corta la rectificación y piden su retirada.
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El consejero Justo Nieto dio ayer un paso atrás en su afán por controlar hasta el milímetro el funcionamiento ordinario de las universidades. Los rectorados no tendrán que solicitar permiso al Consell antes de alcanzar cualquier acuerdo -convenios de colaboración, contratos con empresas, peticiones de becas...- con cualquier institución local, estatal o internacional, como se preveía en el proyecto enviado a las Cortes. La excepción serán los departamentos de la propia Generalitat, que sí deberán informar previamente a Nieto. Los rectores ven corta la rectificación y piden su retirada.
La ley redactada por Nieto y enviada hace unas semanas a las Cortes sublevó a los rectores por el poder sin precedentes que concedía al consejero sobre las decisiones más irrelevantes tomadas por las cinco universidades públicas. Los dirigentes académicos calificaron entonces a la norma, entre otras cosas, de "peligrosa" y "napoleónica". El consejero dio ayer parcialmente marcha atrás. Su director general de universidades, José Capilla, se encargó de anunciar la reformulación de la disposición adicional cuarta.
La nueva redacción elimina la obligación de solicitar permiso a la consejería antes de alcanzar cualquier tipo de acuerdo con cualquier institución, pública o privada: Desde un convenio con otra universidad hasta un contrato con una empresa; desde la solicitud de una ayuda al Ministerio de Educación a la realización de un proyecto conjunto con la Unesco. Al menos tres de los cinco rectores consideraron que aquello suponía, en la práctica, enterrar la autonomía universitaria.
José Capilla les dio ayer la razón. Después de atribuir la polémica a un problema de "claridad" en la redacción de la disposición adicional cuarta, aseguró que él, como universitario -Capilla es profesor en excedencia y ex vicerrector de la Politécnica de Valencia-, no hubiera aceptado la interpretación original.
La "preceptiva puesta en conocimiento" previa queda reservada a los acuerdos que las universidades pretendan firmar con "los departamentos de la Generalitat y demás entes públicos y privados dependientes o vinculados a la misma", lo que, según se mire, no deja de resultar paradójico. Capilla trató de justificar esa previsión a base de sinceridad. La Consejería de Empresa, Universidad y Ciencia desconoce hoy con exactitud, dijo, cuánto dinero reciben los campus públicos.
La mayoría de los rectores insistieron en que la rectificación se queda corta. Permanece, por ejemplo, la potestad del Consell para segregar o suprimir facultades y centros de investigación sin que los gobiernos académicos puedan decir palabra. Es decir, que el tormentoso proceso por el que el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana desmembró la Universidad de Alicante -en el marco del pulso que mantenía con su rector- para crear la Miguel Hernández de Elche, se convertirá con la nueva ley en un simple trámite administrativo.
Las universidades pierden igualmente la capacidad de intervenir en caso de que el Consell decida remover alguno de sus centros adscritos. Y el Consejo Valenciano de Universidades y Formación Superior, ampliado para dar cabida, entre otros, a los directores de los centros de enseñanzas artísticas, a quienes nombra el Consell, queda relegado básicamente a "ser informado" de las decisiones de Nieto.
"No se trata de coordinar, sino de gobernar a las cinco"
José Capilla, director general de Universidades, afirmó ayer, durante el desayuno que mantuvo con un grupo de periodistas, que sólo un rector le ha transmitido reticencias respecto a la nueva ley de coordinación del sistema universitario valenciano. Si es cierto, la falta de comunicación entre su departamento y el mundo universitario es prácticamente total.
Los cinco rectores de las universidades públicas han opinado en lo que va de año, al menos, que la prudencia invitaría a retrasar la norma valenciana hasta que la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) sea finalmente aprobada. Nieto y Capilla han repetido muchas veces que la Generalitat no puede seguir pagando los retrasos del Gobierno en materia universitaria. Capilla aseguró ayer haber perdido la cuenta del número de reuniones a las que ha asistido en Madrid con motivo de la nueva LOU y del catálogo de títulos, de las que salieron documentos que finalmente fueron reemplazados por otros.
El problema, apunta un rector, es que sea o no por esperar a la LOU, la tardanza en impulsar la norma valenciana -de la que en el Consell se habla desde el principio de la legislatura- ha tenido como resultado que los dos proyectos de ley lleguen a las Cortes valencianas y al Congreso de los Diputados prácticamente a la vez. Hasta donde se sabe, la nueva LOU, obligará a cambiar aspectos sustanciales de la ley valenciana. Y los universitarios están hartos de los cambios en los marcos normativos.
Lo dijo hace menos de un mes, en presencia de Nieto, Jesús Rodríguez Marín, rector de la Universidad Miguel Hernández y poco sospechoso de estar politizado en contra del Consell: "La universidad no necesita más leyes sino menos leyes. Menos regulación y más iniciativa".
Ayer otros rectores fueron todavía más explícitos. "El problema", afirmó uno, "es que ésta no es una ley para coordinar a las universidades, sino para gobernar a las cinco desde la conselleria ".
"Quieren regularlo todo, convertirnos en un apéndice", opinó otro, "porque ahora no pueden controlar a todo el mundo dentro de las universidades".
"Lo único que se va a conseguir", dijo un tercero, "es ralentizar todos los actos administrativos cuando lo que necesitamos es justo lo contrario; agilizarlos, como se prevé en la LOU, para poder ser competitivas en el nuevo escenario del Espacio Europeo de Educación Superior".
EL INTERVENCIONISMO DEL CONSEJERO
- La redacción original de la ley obligaba a las universidades a pedir permiso antes de firmar cualquier papel. Desde un contrato con una empresa a la solicitud de una beca del Ministerio de Educación
- El nuevo artículo limita la exigencia de solicitud previa a los acuerdos que las facultades pretendan alcanzar con otros departamentos de la Generalitat
- Nieto justifica la obligación en el desconocimiento de la consejería de cuánto dinero reciben las universidades
- Los rectores advierten de que la ley tendrá que ser reformada en pocos meses debido a sus contradicciones con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades
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